El organismo regulador de los mercados considera que el Código de Buena Conducta de la Asociación de las empresas de limpieza pública -ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial, etc.-, operativo durante dos décadas, propició el "reparto del mercado". Las empresas alegan que "se defendían de las agresiones de la Administración".
Es cosa frecuente que las asociaciones sectoriales elaboren códigos de conducta para sus miembros, que buscan aportarles un marchamo de calidad y diferenciarles de las empresas que no están asociadas. Hay que andarse con pies de plomo con ellos porque, si se desvirtúan, pueden convertirse en mecanismos para concertar actuaciones que atentan contra el libre mercado.
Eso es lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que ha ocurrido en el seno de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), a la que el organismo regulador ha impuesto una multa de 200.000 euros, incluida en los 98,2 millones en sanciones que ha repartido recientemente entre 39 empresas y otras dos asociaciones de gestión de residuos y limpieza urbana.
Los principales socios de Aselip, las empresas Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), ocupan los primeros puestos del ranking de multas aplicadas a título individual, con 23, 16,15 y 13 millones de euros respectivamente, en respuesta a sus comportamientos en numerosas licitaciones públicas, las más voluminosas relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid, contra el que maniobraron para conseguir contratos valorados en más de 2.800 millones de euros.
La CNMC también ha sancionado a otras dos asociaciones sectoriales, Arema -Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid- y Aceser -Associació Catalana d'Empresas de Serveis de Residus-. La primera recibe una multa de 150.000 euros, por malas prácticas en la recuperación del papel y el cartón de Madrid: el consistorio recibió menos ingresos que otros entes locales por su recogida selectiva. A la segunda le caen menos, 100.000 euros, por facilitar y salvaguardar pactos de respeto de clientes entre los socios, algo acreditado con algún correo electrónico de su presidenta, Montserrat Vila i Puigcercos.
'Defensa frente a la Administración'
En el caso de Aselip la situación es diferente. Su presidente, Francisco Jardón, sostiene que se decidieron a crear un Código Deontológico "para defendernos de las agresiones y las actuaciones abusivas de la Administración" y anuncia con firmeza que recurrirá la sanción de la CNMC ante la Audiencia Nacional: "Lo hará la Asociación y todos sus socios".
El Código de Conducta, de acuerdo con la Resolución de la CNMC, fue formalmente aprobado el 15 de junio de 2010, pero ya llevaba funcionando 15 años como un "compromiso moral", aunque no se hubiera plasmado negro sobre blanco. En virtud de sus disposiciones, los socios se comprometían a tres cosas conflictivas.
1) Informarse en caso de impago por parte de la Administración local de turno; Aselip hacía un listado de los consistorios morosos.
2) No intervenir en los procesos de negociación salarial colectiva, es decir, no ofrecer servicios al ayuntamiento afectado por una huelga. Si la situación se consumaba, Aselip tenía el mandato de intervenir para asegurar que las condiciones pactadas no perjudicaban al nuevo adjudicatario, manteniéndose los mismos salarios.
3) Si algún alcalde pretendía que el nuevo adjudicatario apechugase con las deudas dejadas por el anterior prestador de los servicios -disfrazadas de canon-, Aselip también debía intervenir, recurriendo los pliegos de condiciones.
La CNMC halla la aplicación del Código de Conducta en más de 25 concursos municipales de limpieza urbana, comprendidos entre el año 2001 y el año 2012, en Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y el País Vasco. El Código fue finalmente derogado en octubre de 2013.
Aselip, en sus alegaciones, rechaza de plano que el Código tuviera como finalidad restringir la competencia entre las empresas asociadas y sostiene que surgió como un modo de defenderse ante los reiterados incumplimientos contractuales de muchos ayuntamientos "incluso capitales de provincia", cuyos impagos causaban graves quebrantos a sus asociados.
"Sólo nos hemos defendido -insiste Jardón- cuando han querido abusar de nosotros; por ejemplo, con el tema de las deudas pendientes del anterior contratista, si querían que el nuevo contratista las asumiese, se recurría o se dejaba desierto el concurso. Y en relación al comportamiento durante las negociaciones salariales... Es durísimo no poder pagar a la gente porque no te pagan".
'Actos de boicot' y 'reparto del mercado'
La CNMC no acepta los argumentos de Aselip: "Desde Aselip se buscaba que los socios mantuvieran una estrategia común frente a determinadas licitaciones. En algunos casos se promueve el boicot frente a las administraciones en las que se hayan producido impagos, en otros se plantean estrategias comunes frente a ayuntamientos concretos y, en las reuniones se discute cuál debe ser el límite de la negociación de las empresas con las Administraciones".
En relación al problema del impago por parte de los ayuntamientos, la CNMC es meridiana: "La posible morosidad de las Administraciones públicas en ningún caso justifica la adopción de actos de boicot o reparto del mercado".
Para el organismo regulador no hay duda de que Aselip "actuó con la finalidad no sólo de proteger a sus asociados de dichos abusos", sino que también estableció normas de comportamiento para "regular las relaciones comerciales de las empresas a la hora de competir en el mercado".
Jardón rechaza de plano las conclusiones de la CNMC y sentencia que "no se sostienen; si nuestro socios fueran un cártel, sus cuentas de resultados serían otras".
La tercera multa de la historia de España
Las multas establecidas por la CNMC a empresas de limpieza urbana, gestión de residuos industriales -peligrosos y no peligrosos- y de recuperación de papel y cartón, suman 98,2 millones de euros, las terceras más elevadas de la historia. La primera le corresponde al sector asegurador, y ascendió a 120,7 millones en 2009. La segunda fue para los operadores de telefonía móvil y sumó 118 millones en 2013.
