En ningún momento de la larga historia de intentos de soluciones para el grave problema de los purines se ha planteado la "genial" solución de llevarlos más lejos.
Como consecuencia de la grave crisis económica que vivimos parecía que la amenaza del cambio climático había dejado de existir, pero la pasada reunión de 120 jefes de Estado en la sede de la ONU, en Nueva York y la COP 20 de Lima en estos días, para tratar del problema, ha hecho renacer el debate. Es de destacar que el Rey de España, en su primera intervención en la ONU, afirmó: "Ahora hay que acelerar el paso y actuar con decisión frente al cambio climático".
No parecen muy coherentes con esta propuesta las decisiones del Gobierno cuando sus actuaciones normativas han provocado un gravísimo retroceso en el desarrollo de las energías renovables, siendo éstas uno de los mejores mecanismos en la lucha contra el cambio climático.
Aunque los responsables de Agricultura y Medio Ambiente afirmen que las medidas adoptadas en el sector energético, que han provocado también la paralización de la totalidad del sector de las plantas de purines -trataban más de dos millones de toneladas anuales-, no son de su competencia, sí son de su departamento las propuestas de solución al problema creado, mediante la subvención al transporte desde las zonas actuales para llevarlo a otras más alejadas.
Han debido olvidar quienes han propugnado y aprobado esta genial solución que según se recoge en documentos del propio Ministerio, la gestión de los purines, como la de otros estiércoles, es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país: de 235 kilos de CO2 por metro cúbico de purín -dato del propio Ministerio- a 300 kilogramos de CO2.
Sabido que la cabaña porcina de España alcanza los 25 millones de cabezas -la segunda de la UE, después de Alemania- y que la producción de purines es del orden de 45 millones de toneladas anuales, es fácil calcular que aún con el menor de los ratios, el sector produce más de 10 millones de toneladas al año de CO2.
Estas emisiones sólo pueden reducirse evitando al máximo el transporte y el almacenamiento en balsas de purín, sin tratar. En ningún momento de la larga historia de intentos de soluciones para el grave problema de los purines se ha planteado la genial solución de llevarlos más lejos.
Si tras las denuncias de la UE al Estado español por incumplimiento reiterado de la Directiva de nitratos y sus graves efectos sobre las aguas subterráneas y superficiales, la administración habilitó el instrumento normativo del Real Decreto 2818/98, fue porque la solución de llevar los purines de aquí para allá se entendió descabellada.
Aquel Real Decreto hizo viable la instalación de las 29 plantas centralizadas de tratamiento de purines del país, ahora paradas.
Con posterioridad, ante el también incumplimiento de la reducción del 20 por ciento de emisiones de GEI establecida para España, y dada la repercusión de los purines, así como la viabilidad de reducir sus emisiones tratándolos, se aprobó el Plan de Biodigestión de Purines (2008-2012), dentro de los objetivos de la Estrategia española para la lucha contra el cambio climático.
Bien es cierto que nunca se cumplieron los objetivos de ese Plan para tratar nueve millones de toneladas de purines anuales, por las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y de las comunidades autónomas afectadas, pero a nadie se le ocurrió destinar los recursos en transportar los purines, ante la evidencia que eso provocaría aún más emisiones de CO2.
Algunos responsables de las Administraciones afectadas por la crisis provocada por la paralización de unas plantas que trataban casi el 30 por ciento de los purines excedentarios de las zonas más problemáticas, en su visión cortoplacista, han afirmado que ese alejamiento de los purines, mediante el transporte, no genera problemas ambientales. ¿Han reparado en lo que va a suponer ese incremento de purines en las nuevas zonas, las emisiones de las nuevas balsas requeridas, el incremento de olores y a más largo plazo los efectos en suelo y aguas, si no hay un estricto cumplimiento en el uso de las cantidades agronómicamente permitidas?
Si se revisan las tendencias de los países de la UE que también tienen problemas de purines se comprueba que el aprovechamiento agrícola de los mismos, que no se discute, se hace preferentemente tras su tratamiento por medios físicos, químicos, biológicos o térmicos, única forma de evitar los impactos negativos de los mismos y que garantizan a los ganaderos el cumplimiento de la Directiva 96/61/CE, conocida como IPPC, de protección integral contra la contaminación.
Como también es sabido que muchos ganaderos no pueden soportar los costes de una correcta gestión de sus purines, el camino es buscar las nuevas alternativas que puedan compatibilizar la subsistencia de nuestro importante sector porcino y la protección ambiental, objetivo que cumplían las plantas ahora cerradas.
El problema es de suficiente entidad para que en la búsqueda de esas posibles soluciones participen todos los agentes implicados. En todo caso esas soluciones hay que buscarlas en las propias zonas excedentarias, no alejando los purines sin tratar de tales zonas. El transporte no resuelve el problema y considerarlo una solución es impensable para cualquiera que entienda que los efectos ambientales, desde los vinculados al cambio climático hasta la contaminación de las aguas, deben ser prioritarios en nuestra sociedad.
