En el próximo mes de septiembre deberían entrar en vigor los planes hidrológicos para el período 2015-2021, que contemplan más de 17.000 actuaciones por unos 72.000 millones de euros.
Atención, noticia: el pasado 30 de diciembre, salieron a consulta pública las propuestas de planes hidrológicos de competencia estatal para el plazo temporal comprendido entre 2015 y 2021, conocido como Segundo Ciclo; si no se frustran las expectativas, en septiembre de 2015 estarán aprobados, tal y como exige la normativa europea. ¿Que por qué es noticia? Pues porque la Planificación Hidrológica ha sido una de las grandes asignaturas pendientes del país durante la última década: los planes que se acaban de aprobar -y todavía faltan las Islas Canarias- tenían que haber estado listos en 2009.
A la Comisión Europea no le ha hecho gracia tanto retraso en este Primer Ciclo de Planificación que concluye, y nos ha sancionado económicamente: desde 2012 sufrimos una multa con una cuantía fija de 100 millones de euros, a la que se suman otros 200.000 euros diarios hasta que hayan aprobado todos los planes. Por otro lado, varios de los planes están recurridos ante las instituciones europeas, como los del Ebro y el Guadiana, como resultado de las tradicionales y enquistadas guerras del agua.
Por eso es noticia que en esta ocasión estemos actuando de acuerdo con los plazos establecidos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) tiene motivos para presumir de cumplidor; Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, destaca el "gran esfuerzo realizado", porque el anterior Gobierno del PSOE sólo consiguió aprobar un Plan de Cuenca que fue posteriormente anulado por los tribunales. "El actual Gobierno -dice Ramos-, en menos de tres años, no sólo ha completado el Primer Ciclo de Planificación, sino que ha impulsado su revisión".
Llegar a tiempo esta vez, por otro lado, era más importante que antes, porque la nueva Planificación tiene condicionalidades cruzadas con la Política Agrícola Común y con los Fondos de Cohesión, de modo que la entrega de determinadas ayudas europeas depende del cumplimiento del calendario establecido por Bruselas; el que se retrase, no cobrará.
Más de 17.000 medidas concretas
El nuevo Ciclo de Planificación estará seis meses en consulta pública en la página web del Magrama y las de las confederaciones hidrográficas. Incluye más de 17.000 medidas concretas, presupuestadas en unos 72.000 millones de euros, para cumplir dos tipos de objetivos distintos: los ambientales, relativos a la consecución del buen estado del agua y supervisados por Bruselas, y los socioeconómicos: atender a las demandas de los usuarios, desde las poblaciones hasta los regadíos, pasando por la producción eléctrica y la industrial. En lo tocante a la parte ambiental, el buen estado de las aguas lo alcanza el 64 por ciento de los ríos, lagos, acuíferos y demás aguas del país, y debería pasar a ser el 76 por ciento en 2021. En lo tocante a la parte socioeconómica, las necesidades de recurso hídrico subirán un 5,5 por ciento, desde los 27.103 hectómetros cúbicos anuales hasta los 28.616 hectómetros en 2021.
Esta dualidad ambiental-socioeconómica de los planes hidrológicos españoles, esta bicefalia, es infrecuente en el resto de la UE, donde las infraestructuras no suelen integrarse en la Planificación Hidrológica; así ocurre, por ejemplo, en el vecino Portugal y en Holanda, un país con el 40 por ciento del territorio bajo el nivel del mar.
La bicefalia no tiene por qué ser un problema, más bien al contrario, pero siempre que ambos ámbitos se coordinen bien, algo que no ocurre en España, tal y como criticó Bruselas el pasado 10 de noviembre.
Ese día, técnicos del Magrama se reunieron con técnicos de la Comisión para que ésta pudiera evaluar, oralmente, la Planificación realizada por Reino de España. Fuentes de la Comisión indican que solicitaron "mejoras muy sustanciales", en varias áreas, como la interrelación entre las dos cabezas de los planes o unos criterios más claros para la adjudicación de las obras.
Seis puntos a mejorar en la Planificación Hidrológica
Seis son los puntos en los que, a juicio de la UE, debe mejorar la Planificación Hidrológica de España:
1) El buen estado de las aguas, sobre todo en las zonas protegidas de la Red Natura 2000. Se trata de algo muy reclamado por las ONG ambientales, porque en demasiados puntos las aguas no alcanzan el buen estado, y en todos deberían hacerlo desde este 2015. Es más, todavía se desconoce el estado de muchas de las aguas del territorio nacional, porque nunca se han hecho mediciones.
2) La justificación de las excepciones para no haber alcanzado ese buen estado del agua. Nuestra Planificación asume que hay masas de agua muy modificadas que tardarán más de lo previsto en alcanzar el buen estado, e, incluso, que nunca lo conseguirán. Hasta ahí, todo bien; el problema surge cuando, sin explicarlo debidamente, se apela al deterioro temporal para encubrir el incumplimiento en demasiadas zonas.
3) El análisis económico para recuperar todos los costes de los servicios del agua con las tarifas y con otras fuentes de ingresos, como los impuestos finalistas. Desde la Comisión apuntan que el consumo urbano sufraga el resto de usos y el Magrama se defiende argumentando que la correcta asignación de costes es un problema común a todos los países -Alemania tiene sentencia en contra- y que un nuevo sistema de información, común a todos los socios europeos, debería subsanarlo. En España, en la actualidad, se recupera el 75 por ciento de los costes del agua en alta, pero en las redes de distribución, ese porcentaje baja notablemente y con gran disparidad entre unas cuencas y otras.
4) Las prolijas medidas incluidas en los planes hidrológicos deben ser más realistas, porque la inversión prevista en los planes del Primer Ciclo se ha quedado en la mitad con la crisis. Planifíquese lo que pueda acometerse.
5) Cumplir los plazos. Como se ha comentado, es un aspecto crucial por la condicionalidad para cobrar ayudas europeas. El Segundo Ciclo de Planificación tiene que estar aprobado a finales de año, y el hecho de que este sea un ejercicio electoral maratoniano -locales, autonómicas y generales-, no llama precisamente al optimismo.
6) Mejorar los procesos de participación pública. La Comisión está de acuerdo con las ONG y otros agentes sociales, que denuncian la existencia de dos espacios de negociación de los planes hidrológicos, el uno a puerta cerrada en los Consejos del Agua, entre los principales usuarios, y el otro, de segunda categoría, para todos los demás, que son escuchados en función de lo ya acordado en el primero.
Nuevo Plan Hidrológico Nacional
La conclusión de la Comisión es que España aún no ha internalizado la lógica de la Directiva Marco del Agua, cuyos compromisos ambientales son restrictivos frente al resto de usos. Los técnicos del Magrama coinciden con el diagnóstico y recuerdan que el actual Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en 2001, se elaboró antes de que estuviera en vigor la citada Directiva, por lo que no recoge sus principios ecológicos, como la implantación de caudales ambientales en los ríos de todo el país.
Esa es una de las razones que impulsan al Gobierno a elaborar un nuevo PHN, además de satisfacer las demandas de las cuencas deficitarias, en el sur y el sureste del país. Y desde que consiguió muñir el acuerdo para el Trasvase Tajo-Segura -por cierto, activado el pasado mes de diciembre- su apuesta se ha redoblado. En cualquier caso, este nuevo PHN tendría que llegar, si los avatares de las elecciones lo permiten, tras la aprobación de los planes de cuenca, en 2016.
El nuevo ciclo de la Planificación Hidrológica trae una importante novedad: planes de gestión del riesgo de inundación. Hasta el desastre del camping de Biescas -en 1996 murieron en una riada 87 personas y 183 resultaron heridas- fue un problema que no preocupó a nadie, pero a partir de ahí la situación cambió y comenzó a integrarse la posibilidad de que suceda una inundación en la planificación del territorio. El Magrama ha identificado 9.000 kilómetros en ríos y 1.500 kilómetros de costa en situación comprometida.
Caudales ecológicos
La normativa comunitaria obliga a establecer caudales ecológicos en los ríos para conseguir el buen estado natural de las aguas, lo que conlleva mermar la cantidad de recursos hídricos explotables económicamente. Ahora bien, ¿qué se entiende por 'caudal ecológico'? ¿Con qué criterios objetivos se define? ¿Qué metodología se emplea para calcularlo en un tramo concreto?
La dificultad de encontrar respuesta a esas preguntas ha llevado a que, en la práctica, los caudales ecológicos se traduzcan en que por los cauces corra, como mínimo, el 15 por ciento del líquido elemento que correría sin injerencia humana, si bien esto resulta relativo, puesto que muchos lechos estarían secos en verano sin los embalses y la regulación.
Al objeto de definir los caudales ecológicos -una convención, por lo tanto, en función de los criterios legales de buen estado de las aguas- España cuenta con una Instrucción de Planificación Hidrológica excepcional, única en la UE; define objetivos de caracterización del agua, contempla los períodos de sequía, atiende a los requerimientos de las zonas de especial protección ambiental?
Este conocimiento ha llevado al país a liderar la elaboración de la nueva Guía de Caudales Ecológicos de la UE, que ha costado mucho consensuar entre los 28 estados miembros, precisamente por la dificultad de concretar el concepto de caudal ecológico.
