Es muy frecuente que el drenaje urbano no esté bien mantenido, lo que provoca socavones, inundaciones, malos olores, vertidos de agua sucia al medio ambiente...
Las alcantarillas, o, como se las llama ahora, el sistema de drenaje urbano, son las parientes pobres del ciclo urbano del agua. Invisibles, son las grandes olvidadas, tanto por parte de los ciudadanos, que se desentienden de lo que sucede más allá de sus desagües, como por parte de los municipios, que tradicionalmente sólo se han ocupado de ellas para realizar mantenimientos correctivos cuando, tras unas fuertes lluvias, se ha producido una inundación, se ha abierto un socavón o emana una pestilencia insoportable por los imbornales que jalonan las calles.
Tan es así que Pere Malgrat, director de Drenaje Urbano de Aqualogy, no duda en afirmar que "la vida útil de una conducción de alcantarillado puede estar entre 50 y 75 años, pero en muchos lugares se actúa como si fuera de 500 ó 1.000 años, algo que es absurdo". Esta falta de atención puede llevar a situaciones graves, como sucede en EEUU, donde cada dos minutos se rompe una tubería de agua potable o una alcantarilla, o como ocurre en Londres, donde se producen 5.000 hundimientos al año de las vías públicas.
En España, de acuerdo con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, la información disponible sobre más de la mitad de las cloacas es incompleta -no son pocos los colectores que, compartidos por varias poblaciones, tienen titularidad desconocida-, un 70 por ciento de las redes está en mal estado, y las filtraciones al subsuelo y los vertidos peligrosos son muy frecuentes, excepto en las grandes áreas metropolitanas, donde hay un mayor control.
Prácticamente la mitad de todas las infraestructuras tiene más de 30 años y son muy pocos los sistemas que están preparados para la lluvia; lo habitual es que las precipitaciones provoquen su desbordamiento por los aliviaderos, con el consiguiente vertido de aguas sucias al medio ambiente.
Limitar los vertidos por desbordamiento cuando llueve
La normativa europea, que busca alcanzar el buen estado natural de las aguas, quiere evitar estos vertidos sin depurar. En España, la referencia es el Real Decreto 1290/2012, en virtud del cual hay que elaborar un inventario nacional de los puntos de vertido por desbordamiento en episodios de lluvia -los aliviaderos- y actuar sobre ellos para evitarlos, construyendo tanques de tormenta.
Este inventario debería estar terminado este mes de diciembre y los planes de actuación antes de 2020, pero hasta el pasado noviembre no se ha publicado la Orden Ministerial que establece los formularios para las tramitaciones, y aún faltan otras normas técnicas.
No obstante, desde la publicación del Decreto se viene trabajando en la identificación de los aliviaderos -no hacerlo acarrea sanciones- y la Agencia Catalana del Agua, por ejemplo, cree que puede haber unos 5.000 en su territorio, muchos de titularidad desconocida. "Nadie va a quererlos", se dice.
El coste de minimizar los vertidos, por otro lado, es muy elevado. De acuerdo con los cálculos de Aguas de Galicia, harían falta 60 millones de euros sólo para que cumpliesen la legislación los 15 municipios que ha estudiado con detalle. Extrapolado al país, el coste es muy superior a la estimada por el Plan de Calidad de las Aguas: 3.000 millones de euros.
Implantar una gestión inteligente del drenaje urbano
Afortunadamente, las exigencias legales, la presión social -ya no se aceptan los sólidos flotantes en las zonas de baño- y la disponibilidad de nuevas tecnologías, como los robots y el telecontrol, están cambiando la gestión de las alcantarillas, sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas.
El principio del cambio comienza con disponer de un conocimiento preciso del sistema y de su estado, de modo que se pueda hacer una buena planificación del mantenimiento y se gestionen todos los elementos en tiempo real. "No limpiar donde ya está limpio", se oye.
Pero no es nada fácil, por la mala situación de partida. El Canal de Isabel II comenzó a asumir la gestión del alcantarillado de muchos municipios de la conurbación de Madrid en 2006 y ha tenido que invertir más de 200 millones de euros en adecentarlos. Además, como comenta Belén Benito, directora de Operaciones de la empresa, "no recuperamos con las tarifas más que el 8 por ciento del gasto que nos genera".
