El 26 de septiembre, la legislatura indonesa aprobó una ley que acaba con la elección directa de alcaldes regionales, gobernadores provinciales y jefes de distrito. La aprobación de la ley supone un paso atrás para la democracia indonesa.
Aumenta el poder de los partidos políticos que controlan los parlamentos provinciales, que ahora escogerán a todos los demás políticos regionales y concentrarán la corrupción en sus manos. Además, demuestra que la oposición está decidida a impedir la implementación política. Eso podría pesar en el entorno empresarial, ya de por sí débil, del país y aumenta la incertidumbre sobre la necesaria inversión en infraestructuras que el nuevo presidente quiere impulsar.
Por Mike Liu, Paulina Argudin y Don Hanna
