El Gobierno otorga la regeneración de la Bahía de Portmán -objeto de uno de los mayores desastres ecológicos del país-, a la única empresa que se presentó a la licitación, la alemana Aria, que quiere aprovechar los residuos mineros depositados, 48 millones de metros cúbicos, sin coste para el erario público. Sin embargo, hay dudas.
Una de las acciones de protesta más recordada de Greenpeace, allá por 1986, tuvo lugar en la Bahía de Portmán, en Murcia. Varias personas se encadenaron y trataron de taponar el tubo por el que la empresa minera Peñarroya vertía metales pesados y substancias tóxicas directamente al Mediterráneo; sólo consiguieron taponarla parcialmente y los residuos saltaron en chorros de 30 metros, ofreciendo una imagen espectacular. La llegada de los trabajadores, con cara de pocos amigos, y la oportuna aparición de la Guardia Civil para proteger a los activistas, aportó lo que faltaba y el desastre ecológico dio la vuelta al mundo.
Peñarroya llevaba arrojando residuos prácticamente desde que inició su actividad minera en 1957. Debió pulsar algún importante resorte de la Administración franquista, porque previamente se lo habían negado dos veces ante el perjuicio que la contaminación causaría en la pesca de la zona.
Como resultado, la Bahía comenzó a llenarse de escombros y una década después ya se apreciaba claramente su colmatación. En total, se acumularon unos 315 millones de toneladas de residuos tóxicos: metales pesados procedentes de la explotación, como cadmio y plomo; y substancias usadas para lavar el mineral: sulfato de cobre, cianuro sódico, sulfato de cinc...
En la actualidad, en Portmán hay 48 millones de metros cúbicos de estériles mineros sobre 70 hectáreas de superficie emergida -colmatada- y 1.500 hectáreas del fondo marino. Entre 2008 y 2011 se trataron 25 hectáreas con material calizo para estabilizarlas, con nueve millones de euros de inversión, pero la Bahía sigue muerta: sólo en los márgenes de la superficie afectada hay cierta regeneración natural.
La explotación minera terminó en 1987, un año después de la actuación de la ONG ecologista, y la empresa desapareció sin haber realizado ningún tipo de compensación por el daño causado.
Sin proyecto de recuperación durante más de dos décadas
A pesar de las rimbombantes declaraciones de los sucesivos Gobiernos, han hecho falta más de 20 años para que se tenga aprobado un proyecto de regeneración. Ocurrió en 2011 y contó con la participación de los agentes sociales de la zona, que le dieron su visto bueno.
Con un presupuesto de casi 80 millones de euros y una duración estimada de tres años, contempla el dragado, secado y traslado del material extraído mediante una cinta transportadora de 2,7 kilómetros de longitud hasta un paraje conocido como Corta Minera San José, donde se construirá un vertedero de nueve hectáreas para su depósito definitivo.
Finalmente, se restaurará la playa, con la aportación de 150.000 metros cúbicos de arena caliza, se recuperará la vegetación y se construirá una red de drenaje para las ramblas perimetrales.
El proyecto no contempla la retirada de todos los escombros del lecho marino, sino únicamente aquellos situados hasta 250 metros de la costa; los que están más allá plantean problemas para su retirada y son más tóxicos, porque su composición y el punto de vertido variaron con el tiempo.
Los vecinos de la pedanía de Portmán, dependiente del municipio de La Unión, muy castigada por el declive de la minería -sus vetas se han aprovechado desde la época romana-, no sólo creían que por fin iban a recuperar el aspecto original de la playa, sino que, además, iban a conseguir unos muy anhelados puestos de trabajo.
Sin embargo, llegó la crisis y el cambio de Gobierno, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) paralizó la licitación, a pesar de que ya había empezado el trabajo de construcción del vertedero en la Corta San José.
A mediados del año pasado se supo que una empresa minera alemana, Aria International, estaba interesada en retirar los residuos para aprovechar el mineral que todavía encierran. Gracias a ello, Aria acometería el proyecto aprobado sin coste alguno para el Estado, algo que gustó mucho en el Magrama. Al poco se supo que varias de las principales empresas constructoras españolas, como Acciona, colaborarían con ella.
¿Regeneración de la Bahía o mera extracción minera?
Pero la intención de Aria no es limitarse exclusivamente al proyecto aprobado; quiere retirar y aprovechar todos los escombros, incluso los que están a partir de 250 metros de la costa, lo que supone dragar 12,8 millones de toneladas, en vez de los 2,7 millones previstos. La inversión también aumentaría hasta los 200 millones de euros y habría que actuar durante unos cuantos años más.
Este cambio de planteamiento, que ya se ha traducido en que la Comunidad Autónoma haya abierto un expediente para declarar la Bahía un yacimiento minero, provoca reacciones encontradas.
El Alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, está favor y considera que "recuperar la línea de costa y los fondos de 1957 es nuestra reivindicación histórica"; además, piensa en el empleo: se crearían en la zona unos 300 puestos de trabajo directos y más de 400 indirectos. Pero para varios colectivos vecinales, culturales y ecologistas, la cosa no está tan clara.
Una docena de entidades denuncian que el nuevo planteamiento requiere otra Declaración de Impacto Ambiental -lo que retrasaría el inicio de las obras-, se preocupan por el tratamiento de las substancias tóxicas sumergidas que estaban excluidas del proyecto original, y cuestionan que se vaya a regenerar la Bahía tal y como estaba previsto, desde el momento en que la empresa sólo quiere explotar los residuos.
En cualquier caso, Aria Portmán SL ha sido la única empresa que se presentó a la licitación y el Magrama anunció a finales de julio que considera satisfactoria su oferta.
Según los anuncios de la empresa, la extracción de residuos comenzará en 2015, con un desembolso inicial de 25 millones para construir las instalaciones de tratamiento, cerrar la Bahía, reanudar las obras en la Corta Minera San José...
¿Es solvente la adjudicataria?
Aria Portman SL quiere extraer los residuos y aprovechar el mineral que todavía contienen, de modo que la ejecución del proyecto de limpieza no costará ni un euro al erario público.
Sin embargo está en entredicho la solvencia de la empresa y su capacidad de acometer la obra: su capital social asciende a 3.300 euros y tiene una deuda de 300.000; además, según ha recogido el diario 'La Verdad', la matriz de la compañía, la alemana Aria International, acaba de presentar concurso de acreedores en Hamburgo.
El presidente de la compañía, Alireza Roodsari, ha tenido que viajar en agosto a la zona para tranquilizar a autoridades y vecinos ante la alarma que se había genrado.
Su mensaje ha sido el siguiente: el socio único de Aria Portmán SL ha pasado a ser otra empresa, Aria SE, "totalmente saneada y con activos por valor de 180 millones de dólares" y que el cambio accionarial "responde más a una cuestión jurídica que financiera".
Poco antes, la compañía había despedido a su representante en España.
