Tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de rechazar la apelación a la cuestión de la deuda argentina, la presidenta Cristina Fernández señaló que el país seguirá tratando de pagar según lo previsto a los tenedores de bonos que se han acogido a la reestructuración, y que también está dispuesto a negociar un acuerdo con los acreedores que no lo han hecho. No obstante, Argentina no pagará la totalidad de lo adeudado a los acreedores que no se han acogido a la reestructuración, ya que los pagos totales a todos estos acreedores podrían ascender a 15.000 millones de dólares (con algo más de 1.300 millones de dólares en deuda relacionada con este caso), un coste que el país no puede sufragar. Fernández reiteró que los tenedores de bonos que se han acogido a la reestructuración recibirían sus pagos puntualmente, incluyendo el pago de cupones del 30 de junio, lo que significa que hay poco tiempo para alcanzar un acuerdo con los acreedores que han rechazado tomar parte en la reestructuración. En estas condiciones, existen mayores probabilidades de que la deuda reestructurada sea canjeada por obligaciones que eludan la jurisdicción estadounidense. Asimismo, las posibilidades de una quiebra técnica también se han incrementado.
Por Joao Pedro Ribeiro
