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El ebro impide el consenso para un Pacto nacional del agua

La oposición frontal de Cataluña al Plan Hidrológico del Ebro imposibilita alcanzar un Pacto Nacional del Agua, paso previo a la aprobación del próximo Plan Hidrológico Nacional.

Rara era la intervención pública de Miguel Arias Cañete en materia de agua en la que no hiciera referencia a su intención de alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua a partir del cual elaborar el próximo Plan Hidrológico Nacional.

El acuerdo muñido a finales del año pasado con cinco comunidades autónomas sobre el siempre polémico Trasvase del Tajo-Segura era el ejemplo que acostumbraba a poner el exministro para demostrar que el consenso era posible.

Su sucesora al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, centrará su gestión en su especialidad, la agricultura, pero no podrá desatender el frente de la planificación hidrológica, que ya es objeto de dos procedimientos de infracción por parte de la UE, aún inconclusos, por culpa del retraso acumulado.

Con la aprobación del Plan del Tajo el pasado 11 de abril, sólo falta que el Consejo de Ministros apruebe los planes del Júcar y el Segura, que ya cuentan con el visto bueno del Consejo Nacional del Agua, y que se termine de elaborar el canario, de competencia autonómica, para emprender los trabajos del Plan Hidrológico Nacional.

Sin embargo la tarea no va a ser nada fácil. Las tradicionales guerras del agua entre territorios por los recursos hídricos escriben otro capítulo en el Ebro, animado por Cataluña, que rechaza los caudales ecológicos destinados para el Delta: el mismo día en que el Gobierno aprobó el Real Decreto correspondiente al Plan Hidrológico de la cuenca, el 28 de febrero, Cataluña se apresuró a anunciar que lo va a recurrir en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la UE.

Desde entonces, Santi Vila, conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, no ha perdido oportunidad de denunciar un Plan que considera "lesivo" para la sostenibilidad ambiental de la desembocadura del río, un paraje que goza de varias figuras de protección: es Reserva de la Biosfera, Humedal Ramsar de Importancia Internacional, Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario; como no podía ser menos, está integrado en la Red Natura 2000.

"Trato de favor" a los viñedos riojanos

A juicio de Vila, el "despropósito" responde a una sobreasignación de caudales para la cuenca alta y media del curso fluvial, fruto de una negociación política que ha beneficiado especialmente a los viñedos riojanos, cuya dotación de agua para los cultivos se aumenta como respuesta al calentamiento global.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha eludido alimentar la polémica, manifestando que sólo le preocupa "resolver las necesidades de agua de boca y regadío de la comunidad autónoma".

El Parlament catalán ha emitido varias mociones de rechazo, la última el 25 de abril, en la que sumaron sus votos CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP y el PSC, mientras que el PP y C's se mostraron a favor. Esta última formación pidió "no utilizar el agua como un arma política, por ser un bien primordial".

Varios grupos ecologistas, encabezados por la Plataforma en Defensa del Ebro, también reprueban los caudales ecológicos establecidos -afirman que son resultado de "errores de cálculo graves"-, la ampliación prevista de regadíos -cerca de medio millón de hectáreas, la mayoría fuera de Cataluña-, así como la construcción de casi 40 embalses.

En marzo consiguieron reunir a miles de personas en una manifestación que fue respaldada por los mismos partidos que votaron en contra del Plan en la Cámara catalana.

Los números de la discordia

La mayoría política catalana y los ecologistas defienden un caudal ecológico para la zona del Delta de unos 7.000 hectómetros cúbicos, mientras que en el Plan esa cifra se reduce a unos 3.200, una diferencia "descomunal" según la interpretación del conseller Vila.

Se da la circunstancia de que esta última cifra supone incrementar un 10 por ciento el caudal de la anterior planificación, elaborada hace 15 años por el Gobierno de Aznar.

En aquella legislatura, CiU era socio el PP en el Gobierno central y lo consideró adecuado. Cuando este hecho se le menciona a Vila, responde que comparar ambos planes es "incurrir en un problema grave de anacronismo", porque en el anterior Plan había un trasvase que ha desaparecido del actual.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha respondido a todas las críticas recordando el carácter técnico del Plan. Su presidente, Xavier de Pedro, ha recordado que la cuenca sufre un déficit de 900 hectómetros cúbicos anuales y que "la aplicación de caudales ecológicos poco realistas y no basados en la disponibilidad del recurso condicionaría no sólo los usos futuros, sino también los actuales".

Igualmente, señala que no hay unanimidad en el frente catalán, porque los regantes y el Ayuntamiento de Lérida -se mejora el caudal del Segre a su paso por la ciudad- apoyan el Plan.

Una de las claves del conflicto -que afecta a nueve comunidades autónomas más Francia y Andorra- la aportaba el candidato de CiU a las elecciones al Parlamento Europeo, Ramón Tremosa, al afirmar que si Cataluña fuera independiente estaría "más blindada" en materia de caudales ecológicos.

García Tejerina tiene un trabajo titánico para conseguir un Pacto Nacional del Agua si una de las partes no quiere formar parte de la nación.

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