El PP defiende seguir con los ascendentes objetivos ambientales actuales; todos los demás abogan por ser aún más ambiciosos.
El cabeza de lista del PP para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo es Miguel Arias Cañete, que abandona la cartera de Medio Ambiente para concurrir en los comicios. Ello otorga una simbólica trascendencia a la problemática ambiental en los próximos comicios, ya de por sí muy importante para la población.
La crisis económica es, sin duda alguna, el gran asunto sobre el que se centran las propuestas. Ahora bien, como muchas de las políticas ambientales son trasversales a la actividad económica y condicionan desde la energía hasta el comercio internacional, su enfoque afectará grandemente a toda la actuación comunitaria.
Para dilucidar cuáles son las principales ideas de los partidos estatales con opción de obtener representación parlamentaria, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y las cinco principales asociaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF, han organizado un debate con candidatos de las distintas formaciones y, en representación de sus 173.00 socios en España, les han interrogado sobre sus principales inquietudes.
En todos los temas, incluida la inevitable vertiente nacional de las elecciones europeas, hay dos grandes posiciones, la del PP, que respalda la política ambiental que la UE ha desarrollado en los últimos tiempos -los conservadores son mayoría en la Eurocámara- y la de todos los demás -la oposición de izquierda-, que a su vez procuran marcar diferencias entre sí para que se identifiquen mejor sus anzuelos en el caladero de votos.
Cambio climático y objetivos ambientales a 2030
Los partidos consideran que la mitigación del calentamiento global y la descarbonización de la economía son las estrellas de la política ambiental europea, y todos, excepto el PP, están de acuerdo en incrementar los objetivos ambientales comunitarios para 2030, ahora en discusión.
En este sentido, respaldan la propuesta de las ONG de reducir un 55 por ciento las emisiones de CO2 -se baraja un 40 por ciento-, conseguir una cuota de renovables del 45 por ciento -la Comisión ha propuesto un 27 por ciento- y reducir un 40 por ciento el consumo energético, ámbito éste aún pendiente de evaluar por Bruselas y, por lo tanto, sin meta definida.
Para Juan Fernando López Aguilar, número dos de la lista del PSOE, "hay que acabar con la patológica y patética dependencia energética europea". Para Paloma López, número dos de la lista de IU, "la energía debe ser un bien público y no una mercancía", y los objetivos, de acuerdo con su programa electoral -al que se refiere con frecuencia en sus intervenciones-, deben ser aún más ambiciosos que los reclamados por las ONG.
Pilar Ayuso, número 14 de la lista del PP, respalda los objetivos ya propuestos por la Comisión, "porque hay que ser ambiciosos", pero sin olvidar que condicionan la política energética y la competitividad industrial europea, y cree que serán difíciles de alcanzar "si los demás países no adoptan también compromisos similares". Además, "las renovables generan mucho menos empleo del que se dice; por ejemplo, en energía solar sólo el 15 por ciento de los paneles son fabricados en Europa, el resto viene de China". A su juicio, la política energética debe apoyarse a la vez sobre tres pilares que son clásicos: precios competitivos, seguridad de suministro y protección del medio ambiente; "sólo uno de ellos no es viable".
Contaminación atmosférica, uso de recursos y residuos
A las ONG les gustaría que la UE adoptase los criterios de contaminación atmosférica de la Organización Mundial de la Salud, más restrictivos que los comunitarios, y que se evitase que recursos por valor de 5.000 millones de euros anuales acaben en los vertederos.
Sobre estos asuntos, Florent Marcellesi, número dos de la lista de Equo, opina que "hay que elaborar una nueva legislación para evitar que la ciudadanía esté expuesta a productos contaminantes, yendo a las raíces y saliendo de la sociedad de usar y tirar".
López Aguilar -confuso y reiterativo en sus exposiciones- afirma que estos objetivos "se han sacrificado al dicterio de la austeridad" y alardea de haber votado en su defensa en la Eurocámara, así como por el fin de los vertederos ilegales, "con casos graves en Canarias o Valencia".
La representante de IU lo niega y le acusa de haber hecho un frente común con los conservadores en no pocas ocasiones, y acto seguido reclama el fin de la gestión privada de los residuos, educación ambiental, incentivos fiscales...
Ayuso, en cambio, aboga por el realismo: "El papel lo aguanta todo y lo que se legisla se debe poder cumplir". Cree que hay que ser "implacable" con los residuos, pero con una evaluación científica independiente, y de acuerdo con la jerarquía que ya rige toda la política de residuos: prevención, reutilización, reciclado y depósito en vertedero controlado como última opción.
Agua, agricultura y pérdida de biodiversidad
Según las ONG, la calidad de las aguas es mala, los acuíferos están sobreexplotados, los planes hidrológicos están retrasados y la Política Agrícola Común (PAC) atenta contra una biodiversidad amenazada que lanza avisos muy serios, como la disminución de la población de abejas, fundamentales para la polinización.
Ayuso rechaza el análisis: "Niego la mayor, la biodiversidad es prioritaria, no está tan mal y ya se han prohibido compuestos potencialmente peligrosos para las abejas; además, los países del sur de Europa hemos cedido para que haya un reglamento común sobre pesticidas que es más duro para nosotros que para los países del norte". Sobre la PAC, defiende las ayudas "como compensaciones a los agricultores europeos por las obligaciones que se les imponen y que no tienen los agricultores de otras regiones".
Desde IU se aboga por garantizar una partida presupuestaria para la Red Natura 2000 "si hace falta, restando fondos en defensa", por la pesca artesanal en vez de la industrial, por "el rechazo a la mercantilización de los recursos naturales, como el agua" y por una nueva legislación de la cadena agroalimentaria.
Equo denuncia la deuda ecológica que tenemos contraída con los países pobres: "Hacemos biopiratería, les robamos su patrimonio". El PSOE, por su parte, carga contra la política de austeridad -"la crisis ha reducido los fondos para protección ambiental, afectando mucho a España, el país con más territorio protegido"- y afirma que la reforma de la PAC ha dividido a su partido y "cada vez tiene más enemigos".
Fracking: "ni a favor ni en contra"
Conocedores del importante rechazo social que genera el fracking -una técnica de extracción de gas a gran profundidad-, todos los partidos la rechazan, excepto el PP, que afirma no estar ?ni a favor ni en contra?.
Ayuso sostiene que ?estaría a favor si hay una evaluación de impacto ambiental absolutamente independiente que asegure que no hay ningún problema (...) y hay una garantía financiera de la empresa que lo haga?; también recuerda la revolución que ha supuesto en EEUU ?donde no ha habido ningún problema? y el país está a punto de conseguir la independencia energética gracias al gas que obtiene.
López Aguilar, por su parte, se afana en recordar que los socialistas europeos ya votaron en contra de la decisión de la Comisión Europea de no elaborar una normativa específica y dejaría libre a cada Estado para que haga lo que estime oportuno. IU y Equo no tienen dudas al respecto, se postulan claramente en contra; Marcellesi afirma que ?no tieneuna tasade retorno energético que valga para algo ni crea empleo?.
Tanto UPyD como Vox excusaron su asistencia al debate.
