El plan de impulso europeo genera incertidumbre entre agricultores y ganaderos por las novedades que incorpora y enfrenta a comunidades como Andalucía con el Gobierno por recortar sus partidas.
La aplicación de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020 ha generado una importante ola de incertidumbre en el campo por todas las novedades que incorpora.
Y es que aunque el techo de fondos a distribuir entre los agricultores sigue siendo prácticamente el mismo que para el sexenio 2007-2013, alrededor de 47.000 millones de euros en total; la puesta en marcha de la nueva estructura de reparto de ayudas aprobada por la Comisión Europea y que ahora tiene que desarrollar España ha hecho sudar a más de uno.
Nadie está contento del todo y el malestar es patente en comunidades como Andalucía, donde la partida destinada al Desarrollo Rural se ha reducido en 258 millones según la Junta y en 211 millones si quien responde es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). La inquietud no es baladí dado que alrededor del 30 por ciento de la renta agraria en nuestro país (en total suma casi 23.000 millones de euros anuales) procede de las ayudas de la PAC.
La primera de las novedades que incorpora este marco de subvenciones agrarias es la desaparición del pago único, un sistema en virtud del cual los agricultores recibían los fondos europeos en función su historial de ayudas durante un periodo de referencia.
La eliminación de este mecanismo se llevará a cabo durante este año para instaurar el nuevo régimen en 2015, donde el número de variables que confluyen para percibir subsidios es mucho mayor. De esta forma, los denominados pagos directos, primer pilar de la PAC y sustitutos del pago único, estarán divididos en cinco bloques fundamentalmente.
En primer lugar, más de un 50 por ciento del techo establecido para las ayudas directas fijadas hasta 2020, poco más de 35.700 millones de euros, corresponderán a un pago base que dependerá de dos factores. Por un lado, el tipo de superficie agraria que tenga cada agricultor dentro de las tipologías de secano, regadío, cultivos permanentes y pastos y, por el otro, el número de hectáreas de cada una de ellas.
El Magrama ha defendido este supuesto alegando que la distribución indiscriminada de ayudas sin importar el ámbito agrícola conduciría a una "cerealización" de la península, lo que restaría a España competitividad y valor añadido.
Así, para evitar esta situación el Ministerio y las comunidades han procedido a identificar alrededor de 23 regiones agronómicas de importancia que recibirán un determinado volumen de fondos a tenor de las características de cada una de ellas.
Para complementar el precepto anterior, otro 30 por ciento de los pagos directos que podrán recibir los agricultores serán verdes. Es decir, que el volumen de recursos consignados en este apartado serán abonados a aquellos receptores de ayudas que apliquen en sus cultivos medidas de interés medioambiental, lo que se conoce como greening.
En concreto, que practiquen la diversificación de cultivos, que gestionen superficies de interés ecológico o que lleven a cabo tareas de mantenimiento de pastos permanentes. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha insistido en que la preocupación de la UE por el cambio climático y la sosteniblidad medioambiental está detrás de esta ambiciosa novedad.
Como disposición general para poder ser beneficiario de un pago base y su complemento verde, la Comisión Europea ha configurado lo que se denomina agricultor activo, un mecanismo con el que se pretende poner coto a los especuladores y a los conocidos como caza primas estableciendo un porcentaje máximo de ayudas sobre la renta de cada agricultor.
Esta proporción, tal y como han consensuado el Gobierno y las distintas autonomías, será de un 80/20. Es decir, que las subvenciones nunca podrán ser superiores al 80 por ciento de la renta total de un agricultor para que éste pueda recibirlas. No obstante, los que perciban menos de 1.250 euros de ayuda estarán excluidos de la obligación del 80 por ciento.
El supuesto del agricultor activo ha sido uno de los más criticados dentro del nuevo plan por los colectivos de agricultores y ganaderos. De hecho, comunidades como Aragón ya cuantifican en cerca de 5.000 el número de personas que dejarán de ser perceptores de ayudas, 13.000 en el caso de Castilla y León. En total, según las estimaciones, cerca de 70.000 productores sin una actividad significativa quedarán fuera de este reparto.
Además de cumplir con esta proporción de ayudas sobre el total de renta, los agricultores tendrán que acreditar que los apoyos recibidos se destinan hacia superficies que son objeto de una actividad real, agrícola o ganadera, evitando así posibles fraudes en el reparto de recursos.
Jóvenes agricultores
Dentro de ese renovado modelo de pagos directos, existen otros dos conceptos por los cuales es posible recibir subsidios al margen del pago básico y el greening. Se trata de los pagos acoplados o asociados y las ayudas a jóvenes agricultores.
Por el lado de estos últimos, los requisitos indispensables para poder aspirar a estos fondos son tener menos de 40 años en el momento de presentar la solicitud, que se incorporen por primera vez a la actividad agraria como titular de una explotación o que se hayan instalado en dicha explotación en los cinco años anteriores a la primera solicitud realizada para ser beneficiario de la renta de pago básico (RPB).
La segunda pata, la de los pagos acoplados, es sin duda una de las más importantes de la PAC y sobre la cual pivota la estrategia para mantener diversificada la actividad agrícola en los estados miembros. Y es que esta partida irá destinada a sectores con riesgo de abandono o con problemas, principalmente la ganadería, una de las grandes olvidadas en la anterior reforma de la PAC.
Así, entre los sectores que se verán beneficiados por esta partida se encuentran el de vacas nodrizas, el ovino, las proteaginosas, el arroz, la remolacha, los frutos de cáscara y el tomate para industria, entre otros.
No obstante, comunidades como Andalucía ya han puesto el grito en el cielo porque entre estas actividades específicas no se encuentran el olivar de montaña, la uva pasa o el ganado caprino de leche, unas especialidades para las que la región reclama al Gobierno un total de 97 millones de euros en subvenciones.
Dentro de este primer pilar, el de los pagos directos, existe un régimen para pequeños agricultores que simplifica el reparto de las ayudas anteriormente mencionadas (base, greening y acopladas), de manera que en el supuesto de incluirse dentro de este segmento el beneficiario recibirá un solo pago y disfrutará además de un procedimiento administrativo más ligero.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Agricultura, la inclusión o no de un agricultor en este segmento se hará de oficio si sumados todos los conceptos analizados las ayudas no superan los 1.250 euros, aunque siempre podrán renunciar a este grupo para formar parte del régimen estándar. "Si no renuncia, el importe calculado en 2015 permanecerá entonces constante para ese agricultor hasta 2020 y el beneficiario no será sometido al control de agricultor activo, condicionalidad y requisitos de greening", aclaran desde el Magrama. Más de 400.000 agricultores españoles, según las estadísticas, podrían entrar dentro de este régimen.
Desarrollo rural
El desarrollo rural es el segundo pilar de las ayudas de la PAC y el que más conflicto está causando a escala institucional. Estos fondos, tal y como explica la Comisión Europea, tienen como objetivo mejorar la competitividad de la agrosilvicultura, reforzar los vínculos entre la actividad primaria y el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y fomentar la diversificación de la economía de las comunidades rurales.
Según el reglamento, los recursos para el desarrollo rural en el periodo 2014-2020, de casi 8.300 millones, son repartidos entre comunidades autónomas para que sean ellas quienes los distribuyan (8.053 millones), además de reservar más de 200 millones para un plan nacional.
Este reparto, negociado a mediados de enero con los responsables autonómicos de agricultura y ganadería, ha generado enfrentamientos entre varias regiones y el Gobierno, con especial protagonismo para Andalucía, la cual argumenta que el Ejecutivo ha retirado fondos a la comunidad para repartirlos entre otras demarcaciones afines al PP.
El ministro Cañete ha defendido la distribución de estos fondos esgrimiendo que Andalucía incrementó su asignación de fondos hasta el 133,6 por ciento en el sexenio 2007-2013 en comparación con lo percibido en 2000-2006, mientras que la mayoría de las comunidades sufrieron entonces "notables reducciones de fondos de un 30 por ciento de media".
En cualquier caso, Cañete sostiene que se han aplicado estabilizadores para que ninguna comunidad reciba menos de un 10 por ciento sobre el presupuesto anterior.
A la partida de 8.291 millones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se podrían sumar otros 7.000 millones de euros con las aportaciones del Estado y las comunidades, por lo que las ayudas de este segundo pilar podrían sumar en total 14.000 millones.
Dentro de este régimen, al contrario que muchos países europeos y por la presión negociadora de las comunidades autónomas, que no querían ver reducido el presupuesto bajo su gestión, también se incluyen las ayudas para zonas con limitaciones naturales. Es decir, subvenciones para aquellos agricultores o ganaderos que por cuestiones de interés medioambiental no pueden desarrollar su actividad con total libertad.
"Las ayuda a las explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales es optativa en el Primer Pilar de la PAC, es decir, los Estados miembros estamos facultados a aplicarla como una ayuda directa. Este debate tuvo lugar en la Conferencia Sectorial de julio de 2013, en donde se puso de manifiesto que esta ayuda, que se viene concediendo en el marco del segundo pilar de la PAC (ayudas al Desarrollo Rural), sólo podía concederse dentro del primer pilar (ayudas directas) si al mismo tiempo se transferían fondos necesarios del segundo pilar de la PAC al primer pilar.
La mayoría de las comunidades autónomas se opuso a realizar esta transferencia de fondos, de manera que finalmente se acordó no conceder la ayudas a las zonas con limitaciones naturales en el primer pilar, de manera que se seguirá concediendo, como hasta ahora, solamente a través de las ayudas al desarrollo rural", aclaran desde el Ministerio.
