El día 14 de febrero finalizó el plazo para que los estados de la UE traspongan la nueva normativa en esta materia. España, una vez más, llega a la cita con retraso.
El pasado 14 de febrero finalizó el plazo para que los Estados europeos traspongan a sus ordenamientos internos la nueva directiva europea de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y España, como se ha vuelto habitual, no ha llegado a tiempo.
Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente insisten en que se trabaja a marchas forzadas para cumplir con todos los acuerdos adquiridos en el seno de la Unión Europea pero la realidad es, después de todo, que aún no está siquiera disponible el borrador de esa nueva ley que tendrá que incorporar la hoja de ruta marcada por Bruselas.
Aprobada a finales de julio de 2012, la directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raees) tiene en cuenta el aumento exponencial del número de artículos de este tipo que cada día se venden y se tiran en Europa para fijar unos objetivos ambiciosos pero no imposibles.
En la memoria social aún perduran las imágenes de esos enormes vertederos africanos donde los países desarrollados arrojan su basura electrónica, ordenadores especialmente, y es en ese juego en el que la UE no quiere seguir participando.
Primero -o segundo, según se mire- por el impacto ambiental que generan este tipo de residuos -entre sus componentes es posible encontrar sustancias como el plomo, el arsénico, el cobalto o mercurio- y después por los beneficios económicos de reutilizar los materiales de fabricación de dichos aparatos, entre otros.
Con este horizonte al final del camino, la principal meta establecida por la Comisión Europea pasa por que los países miembros alcancen para 2016 una tasa de recogida del 45 por ciento del peso medio de todos los aparatos eléctricos y electrónicos vendidos en su mercado nacional.
Así, los Gobiernos nacionales tienen dos años desde la fecha de aplicación de la nueva norma para establecer los mecanismos necesarios que permitan cumplir con ese porcentaje. Una empresa para la que además tendrán que desarrollar sistemas que ayuden a esa medición.
En España, según varias fuentes, la tasa de recogida de estos artículos alcanza un escaso 20 por ciento, lo que anticipa que tanto las administraciones como los consumidores, fabricantes, etcétera, tendrán que trabajar duro para situarse en los niveles europeos. Máxime si se tiene en cuenta que a partir de 2019 ese porcentaje del 45 por ciento del peso medio se elevará hasta el 65 o, en su defecto, al 85 por ciento de los residuos -elegir una medición u otra dependerá de cada país-.
Por otro lado, hasta 2018 esta directiva solo afecta a las diez categorías de aparatos. Una vez vencido este plazo, la directiva se hará extensible a todos los artículos eléctricos y electrónicos al margen de aquellos que puedan poner en peligro la seguridad de los Estados, como las armas o la munición y las bombillas de filamento -en extinción-.
Iniciativas para la recogida
Uno de los aspectos más importantes de esta directiva apunta directamente a los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales tendrán una mayor responsabilidad a la hora de financiar la recogida y reciclado de estos residuos.
Así, bajo este nuevo marco legislativo los distribuidores, cuando suministren un producto nuevo, tendrán que hacerse cargo de un residuo equivalente, de tal manera que si una persona compra una lavadora el vendedor tiene que poder hacerse cargo de forma gratuita de la lavadora vieja o de un aparato similar al nuevo que haya realizado las mismas funciones.
Asimismo, los distribuidores tendrán que recoger de los puntos de venta minorista los residuos procedentes de aparatos muy pequeños sin coste para los usuarios finales y sin obligación alguna de comprar un producto equivalente.
"Lo que persigue la futura norma, el líneas generales, es que los Estados miembros amplíen la responsabilidad del productor de aparatos eléctricos y electrónicos a la hora de financiar la recogida y reciclado de este tipo de residuos", explican desde la Fundación Ecolec, creada por fabricantes e importadores de estos productos para la implantación de un sistema colectivo de gestión de residuos eléctricos y electrónicos.
Sobre la financiación de estas iniciativas, Bruselas apunta a que serán los productores los que tendrán que aportar la financiación de la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación respetuosa con el medio ambiente.
Puntos limpios
Dentro de esta iniciativa cobran también una especial relevancia los puntos limpios, donde los usuarios pueden acudir a depositar sus aparatos eléctricos y electrónicos cuando no funcionan.
En este punto, el consejero de Recyclia, José Pérez, ha señalado que el Gobierno debería introducir en el borrador de transposición de la directiva una nueva regulación para estos lugares. Un marco renovado que evite, entre otras cuestiones, el incremento de robos que se registran en estas instalaciones por la crisis.
La transposición de esta directiva también ayudará a evitar episodios como el de hace un par de semanas, cuando la Guardia Civil detuvo a 178 personas por gestionar ilegalmente más de 36.000 electrodomésticos desechados al año en dos operaciones distintas. Estos aparatos, por lo general, eran reparados y puestos a la venta de nuevo sin seguir los procedimientos legales para ello.
