En España hay más de 2.800 servicios urbanos de agua que necesitan armonizarse conun regulador común para ganar eficiencia y calidad. El país mira al extranjero en busca del nuevo modelo
Es frecuente escuchar que en España no hay un marco regulador para el abastecimiento y el saneamiento del agua urbana, pero es falso; en realidad hay tantas regulaciones como concesiones, porque cada Ayuntamiento decide las particularidades de sus servicios.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) tiene competencias aguas arriba, antes de llegar a las poblaciones, y aguas abajo, cuando el líquido elemento vuelve a los ríos, pero en el núcleo urbano la corporación local es plenipotenciaria. En total, hay más de 2.800 servicios diferentes.
Esta variedad plantea numerosos problemas. Quizá el más claro sea la gran disparidad de tarifas que hay entre unas poblaciones u otras -en Canarias se superan los dos euros por m3, mientras que en Castilla y León se queda en menos de un euro por m3-, pero hay otros, como la falta de estándares y controles de calidad del agua -inspecciones sanitarias aparte-, o las diferentes estructuras de los recibos, que dificultan, cuando no impiden, su comprensión por parte de los consumidores.
La atomización, por otro lado, también conlleva una infrautilización de las infraestructuras existentes y dificulta el desarrollo de proyectos conjuntos entre núcleos urbanos de pequeño tamaño, al objeto de aplicar economías de escala y obtener las consiguientes reducciones de costes.
Reformar la Ley de Aguas
Como reconocen abiertamente en el Magrama, la Ley de Aguas española data de 1985 y va siendo hora de cambiarla, de modernizarla, para que la gestión del agua urbana sea mucho más eficiente de lo que es ahora. No es aceptable que depuradoras construidas con fondos europeos no entren en operación para que no suba la tarifa de los vecinos del Ayuntamiento de turno.
El sector considera que una parte esencial de este cambio regulatorio es la creación de un único organismo regulador, con competencias en todo el territorio nacional, que homologue y armonice la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua.
Y a la hora de plantearse el cambio de modelo pocas cosas hay mejores que mirar al exterior, ver qué se está haciendo en otros países y adoptar las medidas que mejor se ajusten a nuestras necesidades. A grandes rasgos, hay dos grandes familias de modelos regulatorios: el clásico y el de transparencia:
Modelos 'clásico' y de 'transparencia'
El modelo clásico puede ser centralizado, con la existencia de un organismo regulador central con fuertes competencias (Chile), o descentralizado, como sucede en España o en Alemania, donde hay 5.000 servicios diferentes. Aquí la normativa establece tarifas, impuestos, criterios de calidad? Todo el mercado gira alrededor de la decisión del regulador, sea único o no.
El modelo de transparencia, también conocido por su denominación inglesa, sunshine regulation, tiene su base reglada, obviamente, pero el mercado opera con más libertad, guiándose por datos y criterios de cumplimiento verificables. Los operadores se someten a rigurosos análisis de sus procesos y prácticas -benchmarking, según su denominación inglesa-, en función de indicadores objetivos, como las interrupciones e incidencias en el servicio, los niveles de presión, el cumplimiento de los parámetros de calidad definidos, el número de reclamaciones, etcétera. La publicación de estos datos estimula la competencia entre operadores, da información al consumidor y produce una mejora general del servicio.
En España, el sector lleva tres años recogiendo ideas, trabajándolas con el Magrama y con la Federación Española de Municipios y Provincias, y espera que haya novedades legislativas ya durante este mismo año 2014.
Gusta el modelo portugués que, partiendo de una situación de dispersión similar a la nuestra, ha evolucionado hacia algo más coherente, con un regulador central; éste arrancó hace dos décadas con la constitución de un Observatorio Nacional de los 500 sistemas municipales, que pronto derivó en un Instituto Regulador y que, en 2009, se transformó en la Entidad Reguladora de los Servicios de Aguas y Residuos. ¿Su misión? "Aplicar mecanismos de fiscalización y control de las entidades gestoras del agua, saneamientos y residuos sólidos urbanos".
