Existían dos opciones para cubrir el déficit de financiación de Chipre de 7.000 millones de euros: la participación en la reestructuración de los acreedores de los bancos chipriotas y/o la participación en la reestructuración de los acreedores de deuda soberana. El acuerdo recientemente anunciado supone la participación en la reestructuración de determinados acreedores bancarios, en línea con lo que yo esperaba, sobre todo porque tanto el BCE como la UE siempre consideraron la reestructuración de la deuda pública griega como un caso excepcional. Hacer lo mismo en Chipre hubiera llevado a plantearse cuál sería el próximo país. Asimismo, la participación en la reestructuración de los acreedores de deuda soberana habría provocado pérdidas adicionales para los ya maltrechos bancos chipriotas y griegos. Los primeros informes de prensa sugieren que la deuda en bonos prioritaria no garantizada de los bancos chipriotas no participaría en la reestructuración, mientras que la deuda subordinada sí lo haría. Pero este es un tema confuso, ya que el comunicado inicial sobre Chipre no hacía ninguna mención a dicha deuda prioritaria no garantizada. Es posible que, dado el revuelo provocado por el gravamen sobre los depósitos, la legislación final incluya la participación en la reestructuración de esta deuda prioritaria no garantizada.
Por Nouriel Roubini.
