Y Bolivia cumplió su amenaza. Con la teatralidad pertinente, a primera hora de la mañana de ayer los militares tomaban posiciones dentro de los tres aeropuertos que Evo Morales acababa de expropiar a Abertis. Los de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. "Quiero comunicar al pueblo boliviano la nacionalización del paquete accionarial de Sabsa [filial del grupo español en el país]", dijo el presidente, que fiel a su discurso simple y populista regaló a sus fervientes seguidores argumentos como "el robo" y "el saqueo de esta privatización" para dar más fuerza a su mensaje y explicar una decisión que, por otro lado, no se esperaba hasta finales de mes.
La falta de entendimiento entre Sabsa y el Gobierno boliviano respecto a las inversiones que la primera debía realizar en estas infraestructuras ha sido el detonante de esta expropiación. Una batalla que las partes mantienen desde hace tiempo, pero que en las últimas semanas había entrado en un punto de no retorno. O la empresa se comprometía a desembolsar 42 millones de euros (ofrecía 27millones) o Bolivia le retiraba la concesión para explotar estos tres aeropuertos hasta el año 2022.
Ahora, durante los próximos 180 días una empresa independiente valorará el precio de Sabsa para proceder con la compensación que el país, que ya ha designado un interventor para estos aeropuertos, pagará a la española.
Sin notificación previa
Fuentes de Abertis han reconocido que el país no notificó previamente a la empresa la decisión de nacionalizar su filial y que se enteró por la prensa, aunque destacan que "era algo previsible", por lo que esta eventualidad estaba perfectamente provisionada. En un comunicado, de hecho, la española asegura que "la expropiación de Sabsa tiene un impacto nulo en las cuentas".
La división de aeropuertos de Abertis apenas representa un 7 por ciento de su facturación total (ver gráfico) mientras que la actividad en Bolivia "es residual". En cualquier caso, la empresa ha mostrado su respeto a la decisión tomada por Morales y ha anunciado su total disposición a negociar con las autoridades del país la compensación adecuada.
Mas displicente se ha mostrado, sin embargo, en cuanto a las recriminaciones de Evo Morales. "La compañía niega las acusaciones de falta de inversión en Bolivia, donde ha invertido más de 12 millones de dólares" en el periodo que va de 2005 a 2012, "además de pagar cánones por importe de 38,6 millones de dólares e impuestos por 9,4 millones". Y señala al Ejecutivo boliviano como responsable de que Sabsa no haya podido acometer todas las inversiones que se planificaron en un primer momento.
"Ha incumplido el régimen aplicable a las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje, ya que desde 2003 congeló la actualización de dichas tarifas y en 2005 las rebajó de manera arbitraria e ilegal". La compañía añade que "en el periodo 2005-2012 el Gobierno de Bolivia ha ido decretando año tras año una subida de los costes laborales muy por encima de la inflación, lo cual sitúa a Sabsa en una situación financiera cada vez más delicada".
Sabsa nació en 1997 como filial de la estadounidense Airport International Group (AIG) y en 1999 fue adquirida por la inglesa TBI. Esta última, a su vez, también fue comprada por Abertis en 2005 lo que contrasta con muchas de las reclamaciones del Gobierno de Bolivia, las cuales se remontan a la época en la que la española aún no era dueña de Sabsa. Es el caso de un plan maestro de inversiones que tendría que haberse llevado a cabo entre 1997 y 2005 y que, según Morales, nunca llegaron a llevarse a cavo. Esta situación, que desembocó en un nuevo plan para el periodo 2006-2022 y que preveía la inversión de 54 millones de dólares, 26 millones de los cuales se tenían que desembolsar antes de 2013. Una cantidad que sólo se habría ejecutado en casi seis millones de dólares.
En estos momentos, el valor de estos tres aeropuertos rondaría los 430 millones de dólares.
La decisión de expropiar Sabsa también afecta a Aena, que posee un 10 por ciento de la empresa, mientras que el 90 por ciento restante es propiedad de Abertis.
España expresa su malestar
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho público un comunicado donde condena categóricamente la decisión tomada por Bolivia. "El Gobierno español deplora profundamente la decisión tomada hoy [por ayer] por las autoridades bolivianas [...] y en especial la ocupación policial de sus sedes y demás medidas que han acompañado la nacionalización".
El Ejecutivo ha destacado que no cuestiona el derecho soberano del país suramericano, pero sí las formas y las califica de "acto inamistoso que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos".
Como respuesta a la que ya es la tercera expropiación que el país hace a empresas españolas, "el Gobierno, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de la relaciones bilaterales".
El decreto gubernamental de Bolivia para la nacionalización de Sabsa pone de relieve que los contratos suscritos por la empresa con terceros seguirán vigentes hasta que sean analizados, mientras que los puestos de trabajo también se mantendrán.
