El veredicto sobre el caso de Naroda Patiya (que condena a los líderes en el momento de los disturbios) dictado el pasado 29 de agosto y la decisión del Tribunal Supremo de mantener la sentencia de muerte a la que fue condenado el terrorista pakistaní Ajmal Kasab (por los atentados de Mumbai del año 2008) ponen de manifiesto una grave deficiencia del sistema judicial indio: el tiempo que transcurre hasta el dictamen de una sentencia firme. La demora de la justicia se reduce a la enorme escasez de jueces: el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de la India no disponen de suficiente personal, mientras que a fecha de diciembre de 2010, había más de 22 millones de casos pendientes en los tribunales de primera instancia, de los cuales cerca de cuatro millones de casos tenían más de cinco años de antigüedad. No es sorprendente que el informe Doing Business del Banco Mundial conceda a la India una mala calificación en lo que respecta a la aplicabilidad de las cláusulas contractuales. A menos que se tomen medidas urgentes para la reforma del sistema judicial, las empresas extranjeras no tendrán una gran confianza en el sistema.
Por Kunal Kumar Kundu.
