El acuerdo de derecho de giro con el FMI por valor de 2.000 millones de dólares solicitado por el gobierno jordano sugiere que los vecinos productores de petróleo del Golfo pueden no haber ofrecido suficientes fondos, o que pueden haber vinculado una excesiva condicionalidad política, lo que plantea la cuestión de si otros países de la primavera árabe (fundamentalmente Egipto y Túnez) seguirán el mismo camino. También sugiere que el FMI ha sido el vehículo preferido para la financiación por parte del G7, en lugar de los préstamos bilaterales, lo que suele tender hacia una condicionalidad económica en lugar de política. Este paquete puede tener más legitimidad tanto dentro como fuera de las fronteras, ya que apoya un programa de reformas anunciado previamente, aunque solicitado por el FMI desde hace muchos años, que implica recortes de las subvenciones.
Por Rachel Ziemba y John Prosser
