Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron ayer que mantendrán la tensión hasta el 1 de mayo, si el Gobierno no cambia la reforma laboral. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo lanzaron esta amenaza para mostrar una posición de fuerza que, a pesar de su aparente dureza, es todo un reconocimiento de debilidad, que constata que no han conseguido el objetivo que perseguían con la convocatoria de huelga general. En primer lugar, porque la jornada de ayer no tuvo un mayor seguimiento que su predecesora del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma del Gobierno socialista, a pesar de que aquélla no supusiera un cambio tan profundo de las relaciones laborales como la abordada por el Ejecutivo de Rajoy. En segundo lugar, porque el Gobierno ha anunciado que no cambiará los principios en que se sustenta la reforma laboral a su paso por el Congreso, aunque sigue abierto al diálogo. Si los sindicatos quieren seguir representando a los trabajadores de forma eficaz tendrán que plantearse seriamente por qué no tienen el éxito esperado en sus convocatorias de protesta y a dónde les puede llevar en el futuro su falta de participación en los cambios que necesita el país para salir de la crisis económica, recuperar la confianza de Europa y volver a crear empleo. También deben analizar las formas: no tiene sentido seguir formando piquetes que coaccionan a quienes ejercen el derecho a trabajar.
La postura de CCOO y UGT de incrementar la tensión en las calles a la manera griega es un mal ejemplo y una huida hacia adelante, que muestra que la situación se les está yendo de las manos al no lograr canalizar el descontento social con un desempleo que se acerca a los seis millones de personas. Los agentes sociales saben muy bien que hay que negociar hasta que las partes puedan levantarse de la mesa de negociación con un acuerdo. Precisamente los sindicatos y las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, han sido incapaces de alcanzar compromisos de calado, si se exceptúa la reforma de las pensiones, en unos años en que tanto las empresas como los trabajadores necesitaban de la cooperación entre los agentes sociales y el Gobierno para encontrar soluciones frente al paro y la crisis. Esta pérdida de credibilidad da argumentos al Gobierno ante la opinión pública para reducir las subvenciones que reciben todos ellos con cargo a los presupuestos del Estado y para acometer una reorganización profunda que afecta a su modo de financiación. Por ejemplo, los cursos de formación, que eran monopolio de sindicatos y patronal, ahora se liberalizan. Entre otras razones porque no hay motivo para esta exclusividad y porque se habían convertido en una fuente de corruptelas que los responsables de los agentes sociales no supieron o no quisieron cortar. Los sindicatos, si quieren seguir siendo interlocutores válidos y eficaces de los trabajadores ante los empresarios y el Gobierno, tienen que reflexionar seriamente sobre el resultado de la huelga general de ayer y de convocatorias anteriores; analizar por qué no han alcanzado ningún acuerdo para solucionar el problema del paro, y cambiar. El cambio tiene que partir del reconocimiento de la evolución que ha experimentado la sociedad en los últimos años y de plantearse cuál es su cometido: ¿defender a los trabajadores actuales, muy diferentes de los de hace treinta o cuarenta años, que viven en un mundo con unas relaciones laborales y económicas muy distintas? ¿O enrocarse en unos principios de clase que si en su día resultaron efectivos hoy se ha quedado obsoletos? En la respuesta que den se juegan su futuro.
