LE MONDE (FRANCIA)
Los húngaros por fin se despiertan para dejar atrás una horrible pesadilla. El espectáculo de decenas de miles de ciudadanos desfilando por las calles de Budapest para protestar contra una Constitución que creen antidemocrática constituyó una dura amonestación al primer ministro, Viktor Orbán. Hasta ese 2 de enero, la oposición nunca había logrado estar lo bastante unida como para hacerse oír. Ya lo han logrado. La UE está en una posición delicada frente a ese enfant terrible, miembro desde hace sólo siete años. No puede permanecer indiferente ante las prácticas de Orbán: ataques contra el pluralismo de los medios o la independencia de la Justicia. A finales de 2010, el presidente de la Comisión, Barroso, remitió dos cartas a Orbán para prevenirle de los riesgos de su política. La advertencia no parece haber tenido ningún efecto. La UE aún tiene la posibilidad de recurrir al artículo 7 del Tratado de Lisboa, que priva del derecho a voto a los Estados miembros que violen los valores democráticos. Pero sancionar a un Gobierno salido de unas elecciones democráticas no es tarea fácil: el precedente austriaco trae malos recuerdos. Y Bruselas tampoco debe transigir ante el Ejecutivo húngaro en materia de política económica. En virtud de un curioso credo nacionalista, Orbán parece haber decidido que su país, afectado muy gravemente por la crisis, podría salir adelante por sí mismo. El primer ministro se niega a plegarse a las condiciones de la UE y el FMI, requisito para concederle cualquier ayuda. Ambas instituciones han suspendido las negociaciones con Budapest. Y tienen toda la razón. Europa no debe subvencionar a un país que se burla de sus reglas.
