En la Liga Adelante (la segunda división del fútbol español), ningún futbolista puede cobrar menos de 55.000 euros anuales. Ése es el límite salarial mínimo exigido para la competición, dado que tiene carácter profesional. Sin embargo, hasta no hace mucho era frecuente encontrarse con futbolistas que preferían renunciar a un contrato en la división de plata para enrolarse en las filas de un conjunto de Segunda B.
¿La razón? Que algunos clubes de esta categoría, que se encuentra fuera del profesionalismo, ofrecían contratos más suculentos. Un ejemplo es el del delantero Óscar de Paula (ex de la Real Sociedad), fichado en 2007 por la Ponferradina, cuya nómina superaba los 200.000 euros al año.
No era un caso aislado. Entre 2003 y 2007 no fueron pocos los clubes que comenzaron a inflar sus presupuestos, disparando las partidas dedicadas al pago de salarios. En Segunda B la televisión no da dinero a los clubes, y el nivel de patrocinios no pasa del ámbito geográfico local. ¿De dónde salía tanto capital? En algunos casos, como el citado de la Ponferradina, de su masa social: con cerca de 8.000 aficionados copando las gradas en cada partido, los ingresos obtenidos por la venta de localidades daban para ello.
Pero en muchos otros la fórmula estaba integrada por dos factores diferentes, aunque no siempre iban de la mano: a un lado un empresario en busca de negocio inmobiliario, bien elevando el presupuesto del club al que accedía para llevarlo a una división superior y obtener una recalificación, o bien mediante la obtención de licencias urbanísticas en las poblaciones donde jugaba dicho equipo. Al otro lado estaban las corporaciones municipales y provinciales, que a golpe de subvención saneaban año a año los descubiertos que dejaban las cuentas del club de turno.
Cerrado el grifo del ladrillo, la burbuja vio cómo se rompía uno de los pies de barro sobre los que se sostenía. Asfixiadas las arcas de las administraciones públicas, tampoco hubo suficientes fondos con los que cubrir los inflados presupuestos. ¿Conclusión? Desde 2007 más de veinte clubes han entrado en concurso de acreedores, debido a que no podían hacer frente a los gastos que ellos mismos habían inflado haciendo cuentas de la lechera.
El pasado jueves descendían administrativamente doce de ellos (siete pertenecientes a Segunda B), entre los que se encontraban potencias de la categoría de la Cultural Leonesa, el Alicante, el Castellón o el Polideportivo Ejido, que en los últimos 15 meses generó un descubierto de 106.000 euros con la Seguridad Social, según datos registrados por Inberinform.
El caso del Rayo
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