La Asociación de Defensa de los Usuarios de Registros Públicos ha denunciado ante los Ministerios de Economía y Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
En su escrito dice que la operación de ampliación de capital de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Colegio de Registradores de España SL (IICRE), que da paso al accionariado a título particular a los registradores es "un negocio lucrativo, sin base legal que lo ampare" y "un negocio abusivo" al permitir el reparto de dividendos con dinero procedente del arancel registral, que pagan los usuario, mediante el cobro de alquileres a los Registros.
La denuncia, firmada por el presidente de la Asociación, el notario Javier Martínez del Moral, aduce, que la gravedad de esta situación salta a la vista pues se produce un destino del arancel distinto del previsto legalmente, puesto que en lugar de ser destinado al sostenimiento del Registro que lo recauda, parte del arancel se destina, primero a aportar fondos a la sociedad IICRE y luego "a pagar caros alquileres de la sede del Registro a la misma sociedad IICRE".
Beneficios para los registradores
Esta sociedad, según la denuncia tiene como objetivo, según consta en el Memorandum remitido a los registradores: "conseguir beneficios crecientes y recurrentes para entregar a los Registradores personas físicas inversoras que suscriban la ampliación de capital".
Y razona, que "lo legal sería que los beneficios procedentes de los alquileres de sedes registrales satisfechos con el arancel registral, pagado por los ciudadanos, se destinaran a financiar proyectos de servicio público registral y no a repartirse entre los registradores inversores privados de la sociedad IICRE".
Considera, además, que "constituye un fraude al colectivo de trabajadores de los Registros", ya que parte de los fondos empleados para comprar inmuebles para alquilar a los Registros provienen del porcentaje del arancel destinado al pago de sueldos de los trabajadores (un 40 por ciento del total, una vez descontados los gastos de cada Registro, incluido el arrendamiento de local, que es el gasto más elevado. El resto, afirma la denuncia, el 60 por ciento de la masa, se la queda íntegramente el registrador.
Contra el libre mercado
También acusa al Colegio de prácticas contra la competencia al obligar a los registradores a alquilar los inmuebles de esta sociedad, "pues ningún Registro de Madrid tiene opción de ir a otra sede que no sea el nuevo edificio de la calle Alcalá 540, de la sociedad IICRE, o cualquier otra de las sedes registrales repartidas por todo el país, con lo cual no tienen ninguna capacidad de negociar las condiciones del contrato".
La Asociación solicita en su denuncia una investigación exhaustiva sobre la ampliación de capital y de las prácticas contrarias a la competencia, así como la paralización de las actividades de la compañía y la disolución y liquidación de la sociedad.
Consulte el Memorando (.pdf)
