Tres millones de usuarios podrán recuperar los números y saldos que se congelarán el domingo. Rubalcaba se reúne hoy con los operadores celulares para anunciarles la 'medida de gracia'.
El Gobierno será benévolo con los más de tres millones de usuarios de móviles de prepago que no hayan identificado sus líneas antes de la medianoche del próximo domingo. Todos ellos podrán resucitar su servicio si proceden a poner nombre y apellido a sus respectivas líneas anónimas antes de seis meses.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene previsto reunirse hoy con los representantes de las principales compañías de telefonía móvil para dejarles claro dos cosas: la primera, que las líneas irregulares se cortarán de forma inapelable el próximo 9 de noviembre -como estaba previsto desde hace dos años-. Y la segunda, que los afectados podrán recuperar tanto el número como el saldo si proceden a identificar la línea, con un plazo improrrogable de entre seis meses. Este anuncio culmina todas las expectativas de los operadores, alegría que también será compartida por todos aquellos clientes que dejaron la regularización de sus líneas para última hora y fueron sorprendidos por el plazo.
Las principales compañías de móviles han intentado negociar esta semana con el Gobierno para recuperar in extremis una parte considerable de sus abonados. Al final, según informan a este periódico fuentes conocedoras de la situación, los deseos de los operadores serán atendidas al límite de la campana.
Fuentes del Ministerio de Interior tienen claro que la medida con la que el Ejecutivo pretende combatir determinados delitos "no puede perjudicar a los usuarios". Esta opinión dejaba la puerta abierta a una medida de gracia para que los clientes afectados puedan seguir utilizando su móvil, una vez que estos cumplan los requisitos establecidos. En concreto, los titulares de las líneas tendrán que personarse en un distribuidor oficial del operador con su DNI, para que la compañía de móvil asocie dichos datos con el número de prepago.
El Gobierno ha preferido agotar el anuncio de esta reactivación para apremiar a los usuarios para cumplir la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.
En el lado de la industria de las telecos se da por seguro que los operadores cumplirían al pie de la letra con sus obligaciones y desconectarían todas las líneas que no cumplieran la legalidad. Donde estaba el suspense era en la autorización del Ejecutivo para recuperar los números que hayan quedado inutilizadas tras la suspensión.
Entre las medidas colaterales de la iniciativa destaca la purga que realizará el sector en su parque de móviles de prepago, lo que recortará casi 10 puntos la penetración de la telefonía celular, actualmente de 113 por ciento. Según los últimos datos de la CMT, correspondientes al pasado agosto, en España existen cerca de 54 millones de móviles activos, de los que 1,6 millones de números están embebidos en máquinas.
Al margen de la decisión del Gobierno, hoy será un día de locura en el sector de la telefonía móvil. Mientras que los principales operadores se reunían con Rubalcaba, cientos de tiendas de telefonía echaban humo ante el aluvión de usuarios interesados en identificar sus móviles de prepago.
Los operadores son conscientes de que la afluencia de clientes puede desbordar todas las expectativas debido a la alta cantidad de usuarios que intentarán regularizar su servicio en el último momento. Recientemente, la patronal de los operadores con Red estimó que existen entre cuatro millones de líneas anónimas y, por tanto, condenadas a quedar inutilizadas en cuestión de horas. Ahora bien, el sprint final de los últimos días ha podido reducir la cifra hasta los tres millones de líneas, desde los 19 millones iniciales.
Pese a que el plazo oficial para desconectar las líneas es la medianoche del próximo domingo al lunes, la práctica totalidad de los distribuidores no abren sus establecimientos el domingo. Es decir, lo que no se haga el sábado no se podrá hacer en ninguna otra ocasión... hasta la medida de gracia.
Los operadores españoles de móviles destinan cerca de 50 millones de euros en conocer quién llama por sus líneas, en su estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial para la persecución de delitos. A esa cantidad hay que añadir el gasto ocasionado en los dos últimos años para la identificación de las líneas que no están correctamente censados.
Pese a la buena voluntad de la medida (que pretende combatir el crimen organizado y el terrorismo), así como los altos costes que representa, Rubalcaba se resignó la pasada primavera ante la existencia de resquicios operativos en favor de las organizaciones delictivas. Lo hizo implícitamente al reconocer su desconocimiento sobre los niveles de control que realizan las compañías de telefonía sobre las altas de prepago realizadas a través de Internet. También existen lagunas importantes de seguridad en el uso de líneas de teléfono activadas en países extranjeros, especialmente aquellos procedentes de África, Asia y Europa del Este.
Rubalcaba se reúne hoy con las operadoras