El tráfico ilegal de medicamentos desde España a otros países extranjeros ha sacudido durante el último año al sistema sanitario español. El último almacén en sufrir el robo de fármacos para supuestamente abastecer a esta actividad ilícita ha sido Cofares, la primera distribuidora nacional.
La compañía descubrió que en su almacén en Valencia se estaban produciendo cada día pequeñas sustracciones de fármacos. Puesta en marcha entonces una investigación interna, la distribuidora descubrió que existía un grupo de 14 trabajadores que todos los días salían del almacén con una mochila llena de fármacos. Bolsa a bolsa llegaron a amasar cajas de medicamentos por valor superior a los 300.000 euros.
Cofares denunció el hecho a la Policía Nacional que días después desarticuló la trama y procedió a la detención de una veintena de personas, entre ellas varios farmacéuticos y los catorce trabajadores del almacén. Según la investigación posterior, el grupo desarticulado sustraía los medicamentos y luego los distribuía en connivencia con varias farmacias de Valencia. La Policía atribuyó a los detenidos delitos de pertenencia a organización con fines delictivos, así como los delitos de hurto y otro contra la salud pública.
Cuatro operaciones
La denuncia de Cofares es una más dentro de las operaciones que la Guardia Civil ha llevado a cabo en el último año contra las operaciones contra el tráfico ilegal de medicamentos, bautizadas con los nombres de Caduceo, Pharmakon, Convector y Noisa. Las tramas han afectado a farmacias y pequeñas distribuidoras, que actuaban como almacenes pantalla, en localidades de Madrid, Barcelona, La Coruña, Lugo, Teruel, Zaragoza, Granada o Málaga.
En la mayoría de los casos, las tramas defraudaban bajo el modelo del comercio inverso. Los grupos solicitaban a las farmacias medicamentos para posteriormente ser reenviados a empresas radicadas en el extranjero. El beneficio obtenido es que medicamentos adquiridos en España a precio de mercado tasado y regulado (más una comisión entregada a la farmacia que de este modo también se beneficiaba) se vendían en terceros países (fundamentalmente Dinamarca, Reino Unido, Suiza y Holanda) a precio de mercado libre muy superior obteniendo un margen de beneficio de entre el 80 y el 150%.
Tras la última reforma del Código Penal, del pasado 21 de enero, ya se considera como delito penal este tipo de tráfico ilegal.
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