Los hogares españoles se han visto obligados a incrementar su gasto privado en sanidad durante la crisis, conforme retrocedía el esfuerzo público. Los pagos directos de los hogares para sufragar medicamentos, gafas, audífonos o para abonar la factura del dentista, entre otras, pasaron así de los 400 euros por habitante registrados en 2009 a los 441 euros per cápita de 2012. En cambio, durante este mismo periodo, el desembolso de las Administraciones Públicas retrocedió de 1.612 euros a 1.452 euros por habitante.
En total, el Estado redujo su inversión sanitaria en 6.748 millones de euros entre 2009 y 2012, según los últimos datos disponibles del Sistema de Cuentas de Salud que elabora el Ministerio de Sanidad, mientras que la aportación privada se elevó en 2.159 millones de euros. Este esfuerzo privado , asumido en un 77% por parte por los hogares españoles, no permitió compensar la caída del gasto total en sanidad hasta los 95.670 millones de euros.
2013, año de ajustes
Es uno de los balances del impacto del ajuste del gasto público en la sanidad española en el que las comunidades autónomas profundizaron durante 2013.
Precisamente el primer año de Gobierno del Partido Popular fue uno de los más intensos en cuanto a los recortes sanitarios. En tan solo un año, las Administraciones redujeron así su desembolso en salud en 3.900 millones de euros de los cerca de 7.000 millones recortados, mientras que la corrección del año pasado superó los 1.520 millones, según recoge el Programa de Estabilidad 2014-2017 presentado por el Gobierno en Bruselas. La participación del gasto público en el total ha caído así 3,3 puntos porcentuales desde 2009, hasta situarse en el 71,7% en 2012, uno de los niveles más bajos de los países de la UE.
El gasto de bolsillo de los hogares en sanidad se reparte entre asistencia curativa y de rehabilitación, que absorbió un 46,4% del total, de los que la mitad se destina a pagar la asistencia odontológica. Por otra parte, un 36,1% se dedica a productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios, como la compra de medicamentos y otros productos médicos perecederos, caso de gafas, lentes de contacto o audífonos, mientras que el 17,1% restante financia servicios de atención de larga duración.
Las últimas cifras conocidas de 2012 solo recogen de forma parcial el impacto de la subida del copago farmacéutico aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el 1 de julio de 2012. Su efecto estadístico en el gasto privado en medicamentos no queda reflejado en las cifras oficiales, ya que esta partida apenas se elevó en 52 millones de euros en 2012 respecto al año anterior. Los españoles dedicaron un total de 5.042 millones de euros a medicamentos.
A pesar de la curva descendente del gasto público durante la crisis, el discurso político del Ministerio no varía. La ministra Ana Mato afirmó la semana pasada que "invertir en sanidad es lo más importante para los ciudadanos", cuando a la vista está que este capítulo de gasto público ha sido uno de los más castigados.
Precisamente la inversión es una de las partidas más afectadas, ya que se redujo la mitad hasta situarse en 1.403 millones de euros, 1.377 millones menos que en 2009, y que ha supuesto la paralización de numerosas infraestructuras hospitalarias que ahora se vuelven a reactivar a menos de un año para las elecciones autonómicas. Aunque, sin duda, es el gasto en medicamentos y en otros productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios el que registra el mayor descenso en la serie estadística, con 2.509 millones de euros menos invertidos.
Ante este panorama, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya no propone más bajadas del gasto sanitario ni tampoco la aplicación de nuevos copagos en su reciente informe sobre la economía española. En su diagnóstico, el club de economías más desarrolladas cree que el sector es "relativamente eficiente" y aconseja seguir garantizando el acceso a servicios educativos y sanitarios a los grupos con rentas más bajas.
El Grupo Parlamentario Socialista aprovechó el debate abierto sobre los recortes en sanidad para presentar la semana pasada una proposición de Ley que fue rechazada por el Partido Popular, para pedir la retirada del copago farmacéutico a pensionistas, así como el copago en medicamentos hospitalarios que ninguna comunidad ha aplicado hasta ahora a pesar de estar en vigor.
Implantación del copago
El Ministerio de Sanidad ya decidió por su cuenta a principios de año suspender los copagos previstos en la prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente, ante la oposición expresada por la mayoría de las regiones y el desgaste político que provoca este tipo de medidas.
Ante este escenario, los socialistas reclaman al Gobierno una evaluación "rigurosa" del impacto del nuevo copago farmacéutico en los ciudadanos que, según cifras no oficiales manejadas por este partido, hizo que un 15% de los pensionistas y pacientes crónicos no retirasen su medicación en algún momento de su tratamiento, por razones económicas.
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