A los catorce meses de anuncio del proyecto, ocho desde la adjudicación por concurso y seis de la suspensión temporal del mismo, la Justicia madrileña decidirá finalmente entre hoy y mañana el futuro de los seis hospitales públicos en los que la Comunidad de Madrid decidió privatizar su gestión. Las compañías Ribera Salud, Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, adjudicatarias desde abril de la gestión de los mismos -fueron las únicas que se presentaron- esperan que "para bien o para mal" este sea el punto final de un proceso que ha acumulado hasta once recursos judiciales y en el que están en juegos inversiones cercanas a los 700 millones de euros anuales, por una concesión de 10 años.
Los 50 jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se encerrarán los dos días para deliberar y resolver los siete recursos que siguen en pie sobre el proceso, según ha informado el propio tribunal madrileño. El primero de los asuntos en el orden del día se centra en resolver el recurso de los socialistas madrileños contra el auto de la Sección Tercera que rechazó su legitimación para recurrir la convocatoria de la licitación.
Posteriormente tratarán la solicitud de medidas cautelares planteadas por dos sindicatos de médicos, que piden la suspensión del procedimiento contractual. También deberán decidir sobre el recurso de reposición interpuesto por la Comunidad de Madrid frente al auto de la Sección Tercera que acordó la suspensión cautelar de la externalización.
Además, abordará también el recurso de CCOO contra el auto de la Sección Octava que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación.
Los otros tres recursos también pertenecen al Partido Socialista Madrileño y la Comunidad de Madrid
La cuantía de las fianzas, clave
El principal escollo para seguir adelante con el proceso estriba en el cambio del aval exigida a las empresas para presentarse al concurso.
La Consejería de Sanidad redujo, a cuatro días de acabar el plazo, la cuantía de dicha fianza. La cantidad pasó de ser de 280 millones a 28 millones. Diez veces menos de la cantidad exigida inicialmente.
Competencia avala la suspensión del concurso
