En el Ministerio de Sanidad siguen trabajando 7.500 funcionarios, mientras las 17 consejerías de salud multiplican el aparato ministerial con un centenar de viceconsejerías, secretarías o direcciones generales
El Gobierno no se ha aplicado con el mismo rigor el tratamiento de shock de bajadas salariales, copagos y recortes de prestaciones recetado a profesionales y pacientes. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene así prácticamente intacto un aparato de tres secretarías, una subsecretaría, siete direcciones generales o dos delegaciones del Gobierno, entre otros organismos, hasta sumar una plantilla de 1.486 efectivos, sólo en sus servicios centrales del Paseo del Prado.
Si se suman las dos agencias que dependen de este departamento, cinco institutos, la Organización Nacional de Trasplantes, el Real Patronato sobre Discapacidad y el Consejo de Juventud, la cifra de personal se eleva hasta los 7.427 empleados, entre funcionarios (4.929) y personal laboral (2.498), según datos facilitados por el Gobierno en septiembre. Una estructura claramente inflada dentro de un sistema descentralizado, donde el Ministerio sólo conserva en exclusiva las competencias de legislación sobre productos farmacéuticos, sanidad exterior y la coordinación general.
Las regiones tampoco están dando ejemplo y apenas sí han reducido sus organigramas de altos cargos de unas consejerías de Salud que replican la estructura administrativa de Sanidad. Incluso el Ministerio de Hacienda ha pedido información sobre retribuciones, plantillas y tipos de personal para saber cuántos altos cargos, directivos y puestos de libre designación hay en la sanidad autonómica y cuánto nos cuesta.
Ante esta situación, los médicos y enfermeros que trabajan en el sistema público han puesto en su punto de mira a los políticos, altos cargos, asesores y demás puestos de confianza que pueblan la tupida red administrativa de la sanidad autonómica. ?La reforma necesaria es recortar políticos?, disparan desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ante su pérdida salarial del 27 por ciento desde 2010.
Sólo a cuentagotas, algunas comunidades han comenzado a meter la tijera. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que acaba de anunciar la supresión de 32 cargos de confianza, que ahorrará 1,5 millones de euros anuales a partir de 2013, según datos de la Consejería de Sanidad.
Castilla-La Mancha, Madrid o Asturias, que anunció en verano una reducción de puestos ejecutivos del 30 por ciento hasta sumar 59 altos cargos para ahorrar 1,2 millones de euros al año, son otras regiones que han comenzado a desmontar su andamiaje administrativo.
Y es que, además de los 17 consejeros del ramo con sus directores de gabinete y asesores, los organigramas regionales cobijan 6 viceconsejerías, 20 Secretarías generales o técnicas, 69 direcciones generales y 17 servicios regionales de salud, que son quienes realmente gestionan la asistencia de los ciudadanos a través de más de un centenar de gerencias, agencias, institutos, servicios provinciales, fundaciones, consorcios o subdirecciones, según un chequeo realizado por Ecosanidad.
Murcia, por ejemplo, acumula 10 órganos consultivos distintos de toda índole, Baleares cuenta con cinco fundaciones o tres consorcios añadidos dependientes de su Servicio de Salud y 11 comunidades financian todavía su propio Defensor del Paciente.
Y ¿por dónde meter la tijera? El PP andaluz cree que sólo en Andalucía se pueden ahorrar 500 millones de euros eliminando altos cargos. El senador popular, Jesús Aguirre, calcula que hay 4.200 puestos de libre designación en la Consejería de Salud, una cifra que se puede reducir al ?mínimo imprescindible? porque es ?grasa inútil? que se ha ido almacenando durante los últimos 30 años, asegura.
Por su parte, la Junta de Andalucía defiende que la estructura de la Consejería se ha reducido con la fusión de dos consejerías en una única de Salud y Bienestar Social.
La Comunidad de Madrid también ha eliminado consejerías y adelgazado su aparato sanitario con la supresión de la dirección general del Defensor del Paciente o la Agencia Laín Entralgo y su cargo de director general, a partir del próximo 1 de enero. Además, ha reducido el número de altos cargos en un 45,5 por ciento en atención primaria, hasta sumar 24 directivos, y ha recortado los puestos de responsabilidad al pasar de 707 a 523, según datos de la Consejería. Pero tampoco se libra de las críticas.
El secretario general del sindicato médico madrileño AMYTS, Julián Ezquerra, cree que ?sobran cargos directivos en los centros sanitarios? y pide que se recorten direcciones, subdirecciones, directores asistenciales, médicos y enfermeras de apoyo a los centros o directores de continuidad asistencial. Prueba de esta inflación de cargos y estructuras es que ?el Insalud gestionaba todo con un director general y dos subdirectores?, exclama.
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