Los oncólogos españoles quieren participar en el proceso de evaluación de los medicamentos y las tecnologías sanitarias. Así lo ha expresado el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César A. Rodríguez, que ha pedido "definir" el papel de las sociedades científicas dentro del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que se espera que entre en vigor a principios de 2025.
En concreto, en la norma se recoge que deberán participar en el trámite de audiencia "todos los sectores potencialmente afectados por esta norma, a saber, pacientes y consumidores, organizaciones profesionales y sociedades científicas, personas u organismos involucrados en la evaluación de tecnologías sanitarias, administraciones sanitarias centrales u autonómicas involucradas en la toma de decisiones". Al respecto, Rodríguez ha expresado su "preocupación" asociada a que aún no se sabe quiénes van a ser estos expertos clínicos que participen en la evaluación de las tecnologías, posteriores alegaciones y en los grupos de posicionamiento, la "etapa fundamental" para Rodríguez por su importancia en las comisiones de precio-financiación.
En ese sentido, en el marco de la jornada 'Nuevo presente de la Evaluación Oncológica en el entorno europeo', celebradas este miércoles en el Ateneo de Madrid, el presidente de SEOM ha elogiado a Europa porque "lo ha hecho muy bien" al definir quiénes son los stakeholders y describiendo "el papel" de las sociedades científicas en este ámbito; así como de los pacientes. "En España aún no se ha decidido nada. Tenemos tres meses hasta el 12 de enero para ver quiénes van a ser esas sociedades científicas a las que se consultará", ha esgrimido, para añadir que "los expertos tienen que venir de algún sitio".
Con todo, ha celebrado la relevancia de la llegada de este Real Decreto, ya que los expertos se van a encontrar con informes "de más calidad" y "homogéneos", aunque también ha llamado a tener en cuenta la agilidad, ya que la incorporación de un informe nacional, más un informe del Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, más una evaluación económica puede "volver a enlentecer el proceso global de financiación y precio y, por tanto, de poder utilizar la innovación".
Así las cosas, ha instado a establecer canales de priorización. "Hay determinadas indicaciones que tienen bajo su paraguas una necesidad no cubierta o datos de eficacia especialmente impactantes, y deben ir por rutas de priorización, incluso previos a la evaluación económica", ha defendido.
En estos mismos términos se han expresado los pacientes, a los que ha dado voz la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán. La paciente se ha referido al Real Decreto como "campanas de incertidumbre" porque, si bien se espera que mejore el acceso a la innovación en España, aún quedan aspectos por definir. "No tenemos tiempo. Hablamos de cáncer. Estoy viendo que se habla mucho de tiempo y de dinero", ha expresado, añadiendo que esta "incertidumbre" también se ve alimentada por el desconocimiento sobre "cómo y cuándo" se va a contar con los pacientes para la evaluación de estas tecnologías sanitarias .
Barragán también ha exigido formación para los pacientes que participen del proceso. "¿Quién nos va a formar? ¿Qué se va a exigir de nosotros como pacientes? ¿Se va a tener en cuenta nuestra opinión? ¿Tendremos voz y voto?", se pregunta la presidenta de GEPAC. Así, ha reclamado "unos criterios comunes de formación" y saber cómo se va a seleccionar a los pacientes. También ha expresado su preocupación por "la transparencia" y ha pedido conocer "qué va a significar en días y en plazos de aprobación" la entrada en vigor de este Real Decreto en cuanto al acceso a fármacos oncológicos en España.
