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Coto a los influencers en Francia, una norma necesaria y que acabará llegando a España

  • Las infracciones pueden castigarse con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel

Con el auge de las redes sociales y miles de adolescentes que ya no sueñan con llegar a la luna, sino con ser influencers, acotar y definir esta forma de trabajar se ha convertido en un asunto de máxima urgencia para los legisladores. Cabe recordar que una gran variedad de medios, así como los anuncios publicitarios, están encuadrados y regidos por las leyes gubernamentales y las que dictamina cada plataforma. Por lo tanto, responde a la lógica y al sentido común que las normas se extiendan también a los creadores de contenido y a sus publicaciones.

De forma reciente, el gobierno galo ha decidido poner coto a la ausencia legal que ha imperado hasta ahora en todo lo que se refiere a la actividad de los influencers en redes sociales. Francia se convierte así en el primer país europeo en sacar adelante un proyecto de ley específico para regular este sector, donde ha predominado cierto vacío normativo en los últimos años. El fin último es conminar a estos prescriptores a adaptar sus publicaciones a la legislación que concierne al ámbito publicitario, una medida necesaria para acabar con la barra libre en redes sociales.

En esta línea, quedarán vetadas las campañas a favor de determinados productos como los relacionados con la nicotina, procedimientos de cirugía estética o animales salvajes, entre otros. Asimismo, los influencers deberán indicar de forma clara y transparente que sus contenidos son, en última instancia, campañas pagadas o colaboraciones comerciales. El objetivo es acabar de raíz con los anuncios engañosos que confunden a los consumidores. Las infracciones no quedarán impunes, ya que las sanciones para los incumplidores llevarán aparejadas multas de hasta 300.000 y penas de dos años de prisión.

El Gobierno galo ha decidido intervenir ante la avalancha de publicaciones que incluyen publicidad encubierta o engañosa o consejos que ponen la salud o los ahorros en riesgo, entre otras cuestiones. Con la legislación se busca proteger a los consumidores y usuarios más jóvenes que confían casi a ciegas en las recomendaciones de estos prescriptores. La triste realidad es que muchos usuarios invierten su dinero en productos financieros complejos tras seguir los consejos de los influencers y que, en muchos casos, estas falsas promesas conducen a la desilusión en situaciones que rozan la estafa.

Si miramos a nuestros vecinos franceses, resulta inevitable pensar que una regulación concreta y más estricta acabará por ser aprobada en España, donde ya es obligatorio que los influencers etiqueten el post como colaboración pagada cuando sea el caso. Otros países como Alemania, Reino Unido o Noruega también han empezado a controlar las publicaciones comerciales en redes sociales.

Asimismo, a finales de mayo, Bruselas propuso acotar las publicaciones de los influencers que promocionan productos financieros en aras de que informen de los posibles riesgos de esas operaciones. En caso de infracción, las empresas o marcas contratantes serían las responsables y tendrían que responder por estos contenidos ilegales. El escenario ideal sería, sin duda, que las personalidades públicas, sobre todo las que más influencia tienen sobre los jóvenes, comprendieran el alcance de sus comunicaciones y su responsabilidad social ante determinadas conductas. Sin embargo, no es así en multitud de ocasiones y se ha hecho necesario aprobar medidas de control ante ciertas prácticas y situaciones no solo carentes de compromiso, sino también cercanas al fraude.

Pese a los límites que se empiezan a introducir en Europa, la pregunta sigue en el aire: ¿regular y definir estos perfiles de creación de contenido será sencillo y se llegará a cubrir todo el vacío legal? Personalmente, no creo que sea posible limitar todos los aspectos por el avance natural y la vertiginosa transformación de los medios digitales y las redes sociales. Pese a ello, abrir camino y contar con un mínimo de regulación es necesario con la meta de proteger a quienes son más vulnerables en el mundo digital: los menores y los más jóvenes.

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