La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura por segunda vez ha motivado la reacción de los partidos constitucionalistas, que presionan al republicano para que active el plazo para investir al nuevo presidente de la Generalitat.
El PSC resolicitó al Tribunal Constitucional la adopción de las medidas cautelares del recurso de amparo interpuesto por su formación el 20 de febrero, que fueron rechazadas. Piden la suspensión del aplazamiento del pleno sine die y que se fije una fecha límite para celebrar un debate de investidura que inicie el plazo de dos meses antes de volver a elecciones.
Cs considera que Torrent está "desatendiendo su deber" de promover una candidatura viable. Por ello, entró a registro una petición de pleno en la que insta al presidente de la Cámara a comparecer para dar "las oportunas explicaciones" sobre sus decisiones. Cs defiende que el reconocimiento de Torrent en sesión plenaria de que no hay candidato se podría considerar como un pleno de investidura fallido, en base a un dictamen del Consejo de Estado en la investidura del presidente de la Comunidad de Madrid en 2003, en que se señaló la imposibilidad de presentar un candidato como "una investidura fallida".
Mientras, el líder del PP catalán, Xavier García-Albiol, envió una carta a Torrent para pedirle una reunión con los presidentes "de los grupos y subgrupos, lo antes posible" que sirva para desbloquear la situación.
