Que las Administraciones están llevando a cabo un enorme esfuerzo para pagar facturas dentro del plazo legal -30 días según la Ley de Morosidad- es un hecho. Pero también es cierto que esa norma se incumple más de lo debido, y pese a que la atención se ha centrado especialmente en las autonomías, éstas llevan seis meses abonando a proveedores en menos de un mes.
Por contra, la Administración General del Estado acumula retrasos llamativos que afectan a las Cortes Generales y a nueve ministerios. Dos de ellos, Defensa e Interior, pagaron, durante el segundo trimestre, más de 300 millones de euros fuera de plazo.
Según datos distribuidos esta misma semana por el Ministerio de Hacienda, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal abonó facturas por valor de 170 millones con una demora media superior al mes, bordeando los cuarenta días. Mientras, el gabinete de Juan Ignacio Zoido, Interior, tardó prácticamente lo mismo, casi 40 días de media, en pagar 135 millones de euros a proveedores. Ambos ministerios son los que adeudaron mayores cuantías, pero fue Agricultura quien más se hizo esperar, pues tardó casi 45 días, mes y medio, en abonar casi cuatro millones de euros en facturas.
Sus casos no son únicos. Según el informe trimestral sobre cumplimientos de plazo legal de pago, también se apreciaron retrasos en Justicia (casi 9 millones), Economía, Energía y Sanidad, si bien las cantidades de estos últimos fueron notablemente inferiores. Por otra parte, las Cortes Generales -no se especifica si fue el Congreso de los Diputados o el Senado-, tardó en pagar 40 días de media un total de 12 facturas por valor de 10 millones. Mientras, el Tribunal Constitucional se demoró 50 días en abonar 31.000 euros pendientes.
Ese informe también deja anécdotas. Hacienda, el Ministerio encargado de velar por el cumplimiento estricto de la Ley de Morosidad, y que además ha dotado al sistema de una gran transparencia, debe desde hace 457 días (más de un año) un total de seis facturas por valor de 9.000 euros. En la documentación, el gabinete que comanda Cristóbal Montoro aparece incluso con el nombre de Hacienda y Administraciones Públicas, de la anterior legislatura. Agricultura, de nuevo, adeuda a cinco proveedores unos 5.000 euros desde hace 913 días, más de dos años. Por último, y con una cuantía más abultada, Defensa ha entrado en el verano sin pagar otro millon de euros con un retraso medio de tres meses, e Interior casi 700.000 euros con una demora de 40 días.
Fomento paga bien
Curiosamente, el ministerio que más pronto resolvió sus obligaciones con proveedores fue Fomento, el más inversor del Gobierno. El gabinete de Íñigo de la Serna abonó de abril a junio facturas por valor de más de 245 millones con un retraso de 17 días, casi con un margen de dos semanas sobre el plazo que concede la Ley de Morosidad.
Sus buenos registros, como los que también presentaron Economía, Hacienda (que en el caso de facturas ya abonadas apenas supera los 20 días de retraso) o Educación, motivaron que la Administración General del Estado sí cumpliera la ley en conjunto.
El periodo medio de pago a proveedores de abril a junio se situó en los 29 días, en los límites legales. Mientras, la demora media a 30 de junio de las facturas que aún no han sido atendidas se situó en los 19 días pese a las leves irregularidades en Hacienda o Agricultura.
