Madrid, 5 jul (EFE).- La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha confiado hoy en que la Justicia dé la razón al Gobierno regional en el reequilibrio del canon que paga a la concesionaria de Metro Ligero Oeste, tras la suspensión cautelar de la orden que impide una rebaja de 19 millones de euros en el pago que efectúa anualmente.
Así lo ha manifestado Gonzalo en el Pleno de la Asamblea, donde ha abogado por "no renunciar" a un reequilibrio "justo para la concesión", tras la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la orden que dictó en febrero de este año la Consejería de Transportes para reducir la cantidad que paga cada año por entender que hay menos viajeros de lo inicialmente estimado y que, por tanto, la empresa no gasta tanto en explotación y mantenimiento como estaba previsto.
Esta suspensión responde a un recurso de la concesionaria de Metro Ligero Oeste contra la decisión de reducir el pago que hace por viajero y, mientras se resuelva el asunto, la Comunidad pagará "la tarifa anterior al reequilibro", ha dicho Gonzalo.
Con la orden de febrero, ha explicado la consejera, se reduce un 20% la tarifa existente, y exige que sea efectivo desde 2017, por lo que la concesionaria deberá regular su situación mediante la devolución de cerca de 20 millones de euros en un año.
Gonzalo ha subrayado que el Consorcio Regional de Transportes ha liquidado los meses de enero a abril de 2018 conforme a la nueva tarifa, así como la parte proporcional de 2017 que ha producido un ahorro de más de 13 millones de euros.
La consejera ha respondido así a la diputada de Ciudadanos María Victoria Alonso, que se ha interesado por cómo se hará ese reequilibrio tras la paralización cautelar judicial.
La parlamentaria ha recalcado que la concesionaria basa su recurso en que el contrato no tiene prevista esta reducción del CANON (JP7751.TK) pero sí tiene garantizado el cobro de un número de billetes "fantasma" que se pagan aunque no se use el servicio.
"La Comunidad paga los billetes usados y los no usados", ha remarcado Alonso, que ha cifrado esa cantidad en 19 millones de euros, "los que ahora se encuentran en litigio", ha dicho.
A su juicio, no existe un "buen contrato" por falta de planificación y de seguimiento adecuado, ya que pudo modificarse para "parar esta situación" y no se hizo cuando correspondía.