
Barcelona, 15 mar (EFE).- La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, ha asegurado que Agbar está llevando a cabo una "campaña de difamación" contra la institución para defender el monopolio que tiene sobre el agua de la apuesta del gobierno de Barcelona en Comú por remunicipalizar su gestión.
Ortiz ha comparecido ante los medios para denunciar que AGBAR (AGS.MC)ha enviado una carta que quiere "confundir y engañar" a 7.000 usuarios vulnerables a los que anuncia que deben al Ayuntamiento de Barcelona la tasa de alcantarillado, a pesar de que la empresa sabe que la tienen condonada.
"Queremos que Agbar aclare esto cuanto antes, y sobre todo que tranquilice a la gente", ha reclamado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, que ha pedido a las personas que han recibido la carta que acudan a los Puntos de Asesoramiento Energético municipales (PAE).
Ortiz ha anunciado que ya ha hecho llegar un requerimiento a Aguas de Barcelona para pedirle una rectificación de lo que ha calificado de "juego sucio" y que cumpla con el convenio de colaboración en materia de pobreza energética que firmaron en diciembre.
La teniente de alcaldía ha explicado que tuvieron noticia de que está enviando estas cartas porque las familias en situación de vulnerabilidad las llevaron a los PAE, no porque Agbar les aportase, como establece el convenio, el listado de usuarios vulnerables para aplicar la extinción de su deuda y, en concreto, de la tasa de alcantarillado, como aprobó el pleno.
Ortiz ha criticado que después de meses de que el ayuntamiento reclamase esta información, que sólo tiene la compañía del agua, Agbar le envió una parte el pasado martes "a las 23:19 horas", después de remitirle las cartas.
La teniente de alcalde Ortiz ha subrayado que el convenio firmado con la compañía, y del que se informó el pasado mes de febrero, establece claramente que ambas partes establecerán "mecanismos de colaboración" para extinguir las deudas de las familias en situación de riesgo de exclusión residencial y que estos mecanismos se aplicarán "de forma simultánea".
Es por esta razón por la que el consistorio considera que la actuación de Agbar vulnera los pactos suscritos y pide a la compañía que en el plazo de un mes acredite la notificación a sus usuarios de una rectificación de este punto.
En caso contrario, el Ayuntamiento de Barcelona entenderá que se han incumplido los compromisos y las obligaciones asumidas y, si lo considera oportuno, dará por extinguido el convenio y ejercerá la pertinente reclamación por los daños y perjuicios que la compañía haya podido ocasionar a la administración pública con su actuación unilateral.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona apunta que "la utilización de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión para fines políticos es una práctica inadmisible y una línea roja que no se debería cruzar nunca, más aún si proviene de una empresa del ámbito privado con beneficios anuales millonarios".