
Arranca el plazo para que los partidos vascos presenten sus listas ante las respectivas juntas electorales provinciales de cara a las elecciones autonómicas del 25 de septiembre. Lo hace desde este miércoles y con la polémica surgida por la candidatura a lehendakari de Arnaldo Otegi por EH Bildu.
Las distintas formaciones tienen hasta el lunes, día 22, para presentar sus listas en las juntas electorales del Territorio Histórico. Otegi lidera la de EH Bildu por Gipuzkoa por lo que deberá ser registrada en la Junta Electoral de ese territorio.
El miércoles 24 se tienen que publicar en el Boletín Oficial del País Vasco las listas de candidatos de todas las circunscripciones electorales y entonces se abrirá un plazo de dos días, 25 y 26, para subsanar errores y para las impugnaciones de las formaciones políticas. El 29 de agosto, tras resolver las diferentes alegaciones, se tienen que proclamar los candidatos, que se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco un día después.
Pero el recorrido no acaba aquí. Tras la proclamación se abre un nuevo plazo de dos días para recurrir ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y existe finalmente la posibilidad de acudir en amparo al Constitucional, que tendría que pronunciarse antes del comienzo de la campaña electoral el 9 de septiembre.
Polémica con Otegi
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha argumentado que Otegi no puede concurrir a esa cita porque es "inelegible" al estar inhabilitado por sentencia firme hasta 2021, pero el líder de la izquierda abertzale ha insistido en que mantendrá su candidatura "hasta el final". PP, Ciudadanos y UPyD respaldan a la Fiscalía y han anunciado que impugnarán la candidatura de EH Bildu encabezada por Otegi.
El líder de Sortu fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, una pena que el Supremo redujo a seis años y medio, lo que le permitió salir de la cárcel el pasado 1 de marzo.
No obstante, la condena incluía inhabilitación para ejercer cargo público y para el derecho a sufragio pasivo, es decir poder ser elegido en unas elecciones, y esa pena empezó a correr en septiembre de 2014, cuando terminó de cumplir una inhabilitación anterior, por lo que está vigente hasta 2021, según argumenta la Fiscalía que ha solicitado a la Junta Electoral de Gipuzkoa que cumpla "de forma imperativa" con esas sentencias.
El caso Otegi ha dividido a las formaciones en Euskadi, ya que PNV, Podemos y PSE-EE defienden que el dirigente de la izquierda abertzale se presente a las elecciones, mientras que PP, Ciudadanos y UPyD consideran que su candidatura es una "burla" a las víctimas del terrorismo. El Gobierno del PP en funciones también ha dicho que actuará con toda firmeza para garantizar que el nombre de Otegi no esté en las papeletas.