Política

Puigdemont recriminará a Rajoy su utilización del Tribunal Constitucional

  • Le echará en cara la parálisis de los planes sociales ligados a la pobreza
Puigdemont visitará esta tarde a Rajoy. Viñeta: Napi

"Soy un hombre optimista por naturaleza". De esta manera, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, describía ayer sus expectativas ante a la reunión que mantendrá hoy con Mariano Rajoy en La Moncloa a las 17:30 horas.

Puigdemont tiene muy definidos los ejes claves de su encuentro con "el presidente del Estado en funciones", como suele denominar a Rajoy. Éstos son el proceso independentista, los problemas sociales (refugiados, pobreza energética...), los incumplimientos del Estado con Cataluña (en materia de inversiones, principalmente) y el uso politizado de la justicia.

En numerosas ocasiones, en la presentación de su plan de gobierno ayer, Puigdemont recriminó el uso continuado del Tribunal Constitucional para frenar las iniciativas legislativas del Gobierno catalán. El último revés vino hace dos semanas, cuando el Constitucional suspendió parcialmente la reforma de Código de Consumo.

Ahora está sobre la mesa la posibilidad de que el Ejecutivo de Rajoy recurra la Ley 24/2015, sobre la que se sostiene una parte importante del programa de Junts pel Sí y, por tanto, de los planes sociales ligados a la pobreza energética y a medidas de choque en materia de vivienda. De esta ley surgió el impuesto sobre las viviendas vacías, con el que Cataluña ya ha recaudado más de 11 millones.

Puigdemont afirmó ayer de forma taxativa que los "derechos sociales" se blindarán en los próximos Presupuestos. El president adelantó que es imposible adaptarse a los objetivos de déficit que se plantean desde Madrid. Para él, blindar los derechos sociales será clave y esto es incompatible con las demandas del Ministerio de Hacienda.

De hecho, buena parte de las medidas que han ido anunciando diferentes miembros del Gobierno catalán desde enero (plan de choque, creación de estructuras de estado, recuperación de la paga extra de los funcionarios, apertura de embajadas en el extranjero, sanidad universal y reducción de listas de espera, o contratación de profesores...) demanda un importante incremento del gasto público, que podría rondar los 900 millones y se tendrá que financiar en parte a través del FLA. "Si nos dan la capacidad de recaudar todos los impuestos que genera Cataluña, les aseguro que no tendría que pedir nada a Madrid", señaló Puigdemont.

El presidente de la Generalitat dejó totalmente claro que el objetivo de su legislatura es revertir los recortes, paliar sus consecuencias y poner a Cataluña a las puertas de un Estado independiente.

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