El empresario alicantino Enrique Ortiz ha reconocido a la Fiscalía la existencia de un sistema de financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante la etapa de gobierno de Francisco Camps. En un escrito presentado por su defensa, en el marco de la pieza valenciana de la 'trama Gürtel', Ortiz admite el pago de facturas falsas por servicios no prestados a una de las empresas de la Gürtel, Orange Market, dinero que se habría destinado a las campañas de las elecciones autonómicas y municipales del PP en 2007 y las generales de 2008. Ortiz habría aportado unos 348.000 euros, según ha desvelado la Cadena Ser.
El propietario de Grupo Cívica habría pactado esta confesión a cambio de que se rebaje la pena que se solicita de cuatro años a un año y tres meses de reclusión. Además, pide que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad". Para ello, no sólo admite las tesis de las acusaciones, sino que también ha depositado los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral, el pasado mes de febrero.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decretó la apertura de juicio oral por la presunta financiación ilegal en las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana (PPCV) en 2007 y 2008. Hay 20 personas acusadas, incluidos cinco ex altos cargos valencianos -destacan el exvicepresidente Vicente Rambla, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, y el diputado David Serra-, una decena de empresarios -Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol; Enrique Gimeno, de Facsa; Gabriel Batalla, de Lubasa; Vicente Cotino, de Sedesa, y Enrique Ortiz, entre ellos-, y los líderes de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Para Rambla, Costa y Serra, la Fiscalía pide siete años de cárcel y distintas multas, en concepto de responsabilidad civil.
El magistrado cree que se cometieron delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales. En concreto, tanto en las elecciones de 2007 como en 2008, los excargos del PP contrataron a la mercantil Orange Market servicios que se abonaron, "presuntamente, de forma dual, es decir, que una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal, con factura", según el juez. Además, dice que parte de los servicios los pagaron empresas que tenían prohibido hacer donaciones al PP, por tener contratos con la Administración, "mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios".
Ortiz está implicado en otras investigaciones judiciales, como los casos Brugal y Rabasa.
Francisco Camps 'el recaudador'
