La exministra de Sanidad y exdirigente del PP Ana Mato es una de los 64 exdiputados que han solicitado al Congreso su indemnización por cese tras no haber sido elegidos en las elecciones del 20D o no haber concurrido en las listas de los diferentes partidos. Lista completa de exdiputados indemnizados por cese (.pdf)
Mato encabeza un grupo con exdiputados como Ignacio Gil Lázaro (PP) e Isabel López Chamosa entre otros que han reclamado esta indemenización al no haber encontrado otra vía de ingresos declarada tras haber dejado su actividad política. Se trata de un pago de 2.813 euros al que tienen derecho sus señorías cuando abandonan la Cámara y esta marcha supone el fin de su actividad política y el interludio hacia un nueva colocación laboral. La duración de este subsidio se calcula en función del tiempo en que el diputado haya ostentado el cargo.
Esta cantidad deriva de una disposición del reglamente de la Cámara, que hace el cálculo como un pago de 30 días por año trabajado. Una modalidad similar a los despidos improcedentes en el actual marco de trabajo pese a que la relación de los exdiputados con el Congreso no es laboral y por tanto no tienen derecho a paro. Según el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a exparlamentarios, la duración de esta ayuda se fija en función de los años de dedicación a las Cortes del exdiputado y tiene un límite máximo de 24 mensualidades.
A raíz de una reforma impulsada en 2011, este ingreso es incompatible con cualquier otro ya provenga del sector público o privado, por lo que cuando un exdiputado encuentro una nueva ocupación debe comunicarle a la Cámara para que se le deje de pagar este subsidio. Es el caso de la eximistra socialista Trinidad Jiménez cuando comunicó su entrada en Telefónica.
De entre los 64 exdiputados que se encuentran en esta situación, el grueso corresponde al PP con 41. Le sigue el PSOE con 16, IU con tres, Amaiur con dos y BNG y CiU con uno cada uno. Teniendo en cuenta la antigüedad de sus señorías y, por tanto, los meses a los que tienen derecho a prestación (apartado que encabezan Gil Lázaro con 24 meses, López Chamosa con 20 y Mato con 19) y a expensas de que estos exparlamentarios encuentren otra ocupación, el Congreso ha reservado 1,3 millones de euros para el total de las indemnizaciones.
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