Las cuentas de la Fundación Arpegio entregadas este martes en la Asamblea de Madrid por parte de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, han puesto al descubierto, a tenor de lo que hoy publica El Mundo, el descontrol millonario de un organismo dependiente entonces de Esperanza Aguirre y de Francisco Granados, y que benefició, según la documentación, a amigos de la órbita del PP. La Fundación daba los fondos sin fiscalizar y de muchos gastos han desaparecido las facturas y no existe siquiera justificación.
La Fundación madrileña fue creada con la intención de ahorrar impuestos y estaba dotada por 10 millones de euros "descontrolados", excepto por las órdenes de Francisco Granados y Esperanza Aguirre, según los testimonios de algunas personas contratadas.
El modus operandi sostiene la actuación de un reparto de fondos durante años, ajenos a cualquier tipo de control externo. Se trata de 10 millones de euros de dinero público, con un gasto de personal de una gerente y dos secretarios para repartirlos básicamente a la orden de Francisco Granados. Según El Mundo, Existía una lista interminable de beneficiarios, entre los cuales se encontraban amigos de ellos -de la Comunidad de Madrid- o de la órbita del PP, favorecidos sin control ni fiscalización de órgano público alguno.
Los datos contables de los que se desprende esta información se basan en la documentación entregada ayer por Cristina Cifuentes a la Asamblea de Madrid, en el marco de la auditoria que el parlamento regional está practicando a los años de Aguirre y González.
En la Fundación, nacida en 2006 para ahorrar impuestos a la empresa pública Arpegio -hoy dependiente de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio-, que llevaba décadas comerciando con el suelo de Madrid, se hacía lo que decía Granados, según ha declarado ante el juez Velasco la gerente de esa etapa, Carmen Plata.
Hoy, los papeles de Arpegio demuestran el gasto de 10 millones de euros entre 2006 y 2011. En los años siguientes bajó mucho el presupuesto. Un cura -relata El Mundo sin dar más nombres- se acercaba a Esperanza Aguirre y le pedía un órgano para su iglesia, y la presidenta descolgaba el teléfono y daba una orden para que se le construyera uno de 266.000 euros con dinero público, con un agravante, sin concurso y sin fiscalidad. Así lo confirma el informe entregado por Elisa de la Nuez, abogada en nómina por la Fundación Arpegio durante el año en el que fue consejera Beatriz Elorriaga, quien poco más tarde fue relevada de su cargo y enviada al Senado.
La etapa de Elorriaga fue un impasse, que surgió tras la pelea entre Francisco Granados e Ignacio González. Entonces, la presidenta de la Comunidad decidió entregar la concejalía de la que dependía directamente la Fundación a otra persona. Era el año 2006.
Una gestión manirrota
Entre 2008 y 2011, con Elorriaga fuera del control de Arpegio, llegó la etapa en la que la Fundación actuó con las manos rotas. Según la información de Unidad Editorial, otorgó riadas de dinero a todo lo que le pidió si controles técnicas y ni criterios de selección. Allí, sostiene De la Fuente, y otros testimonios, se hacía lo que decían Granados y Aguirre.
Uno de los nombres que aparecen como beneficiarios es el de Pedro Gómez de la Serna, hoy investigado por varios delitos de corrupción internacional y repudiado por el PP tras las elecciones generales del 20D, cobró 3.030 euros al mes (un total de 157.000 euros) por un asesoramiento jurídico externo (la Comunidad de Madrid ya cuenta con este servicio), si bien no hay ni un solo informe escrito por su puño y letra durante esta etapa.
La contabilidad de la Fundación resulta modelador. De hecho no se han guardado facturas ni justificantes de la mayoría de los gastos, incluyendo 35.377 euros en el Corte Inglés sin objeto conocido, o 142.000 para la Casa de Madrid en Buenos Aires que perdieron.
En 2007 las fundaciones públicas ya debían someterse a la Ley de Contratos del Sector Público, pero en realidad eso solo afectaba a la hora de adjudicar contratos, algo que apenas hacía esta fundación, que principalmente firmaba convenios. Convenios que a veces tomaban caminos transversales dentro de la propia Comunidad de Madrid, como un gasto de 668.957 euros para un proyecto deportivo con jubilados de la Consejería de Deportes, que dirigía entonces Alberto López Viejo, uno de los principales acusados en el caso Gürtel.
La información de El Mundo también destaca los vínculos de la Fundación y el periodismo. Además de la publicidad en casi todos los periódicos, se firmó un convenio con Intereconomía de 174.000 euros para realizar un programa llamado Madrid Solidario. También se financiaron unos premios de la Asociación de Periodistas Europeos que otorgó la Infanta Cristina.
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