La CUP y JxSí han roto por primera vez este miércoles la unidad de voto en el Parlament y los anticapitalistas han facilitado la admisión a trámite de una proposición de ley del PSC que insta al Govern a recuperar la gestión pública de Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
La concesión de la ATLL está en los tribunales y JxSí aboga por esperar a que acabe el recorrido judicial antes de tomar una decisión política, mientras que la CUP quiere recuperar cuanto antes el control público.
El diputado de JxSí Marc Sanglas (ERC) ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo porque devolver unilateralmente la gestión de la ATLL a la administración catalana implicaría tener que indemnizar a la empresa concesionaria con 1.200 millones de euros.
A juicio de JxSí, la propuesta del PSC es "chavista porque implica el traspaso de entrada de la concesión, sin tener en cuenta las repercusiones económicas", por lo que es mejor esperar que el conflicto finalice su recorrido judicial antes de tomar cualquier decisión política.
"La magnitud de la tragedia que proponen es inmensa y cuesta cinco veces más que el plan de choque social", ha destacado Sanglas, que ha augurado que el Tribunal Supremo (TS) emitirá una sentencia en breve que podría invalidar la concesión, lo que dejaría a la empresa concesionaria sin el derecho a indemnización.
Además de esperar a la decisión del TS, JxSí apuesta por aguardar a las conclusiones del expediente informativo que abrió el Govern hace 15 días a la luz de un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en el que se recogen irregularidades en la concesión.
Aunque ha admitido que "alguna cosa no se ha acabado de hacer bien cuando el contexto es de máxima judicialización", ha defendido que abordar este asunto a través de una proposición de ley no es lo más adecuado porque lo mejor, a su juicio, es hacerlo mediante un debate sereno en el que participen todos los grupos y las entidades del sector.
Sanglas ha recordado que su partido, ERC, "reclamaba en la anterior legislatura más diligencia" por parte del Govern en este asunto, pero ahora apuesta por esperar a la sentencia del TS y las conclusiones del expediente informativo porque es lo que menos perjudica a las arcas de la Generalitat y a los usuarios.
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