Tal vez porque no figuraba en el orden del día del Tribunal Constitucional el martes, fueron muy pocos los diputados que ayer, en la sesión de control al Gobierno que se celebró en el Parlamento de Cataluña, preguntaron a Carles Puigdemont si iba a acatar su decisión, que era suspender parcialmente el decreto con el que la Generalitat ha dado vida a la conselleria de Asuntos Exteriores.
El Tribunal admitió el martes a trámite el recurso presentado por el gobierno español, que había denunciado que la conselleria liderada por Raül Romeva violaba las competencias del estado central. No obstante, únicamente Xavier García Albiol, número uno del Partido Popular en Cataluña, preguntó al presidente de la Generalitat sobre sus planes tras esta decisión. En un juego semántico, Puigdemont le contestó que podía estar seguro de que la Generalitat continuaría realizando "acción exterior" y que Romeva sería conseller.
En realidad, Puigdemont evitaba con esta declaración cualquier atisbo de desobediencia, ya que la "acción exterior" sí que entra dentro de las competencias autonómicas. Son los "asuntos exteriores" los que son competencia del estado. El Tribunal Constitucional tiene todavía que emitir un veredicto definitivo.
El proceso, en estudio
La decisión sobre la comisión de Asuntos Exteriores no es el único requerimiento que el Tribunal Constitucional ha enviado esta semana a Cataluña. Ayer solicitó información a la Fiscalía y al Parlamento al respecto de la constitución de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente. Ambos disponen de diez días para enviar toda la documentación. En base a ella, el Constitucional decidirá si bloquea la comisión.
Los recursos que el Gobierno del PP esta presentando ante el Constitucional genera diferencias de opiniones entre el PSOE y Ciudadanos, que se encuentran en plena negociación sobre un posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, según recoge Europa Press, el líder del PSC, Miquel Iceta, explicó ayer que en su opinión la conselleria de Exteriores era "perfectamente legal", porque desarrolla competencias estatutarias en acción exterior, pero aseguró que respetará la decisión definitiva del Tribunal Constitucional.
Por su parte, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, que siempre ha apoyado la presentación de recursos ante el Constitucional por parte del gobierno de Mariano Rajoy, subrayó que, efectivamente, el gobierno catalán sólo tiene competencias en "acción exterior", que es algo que ha destacado desde el primer momento.
Según Arrimadas, la Generalitat está judicializando la política, porque era consciente de que el Gobierno central tendría que recurrir ante el Constitucional cualquier conselleria que hiciera suya una atribución de competencias de "asuntos exteriores".
Asimismo, según Europa Press, Arrimadas ha afirmado que es incongruente que el Govern critique al TC pero presente "decenas de recursos de inconstitucionalidad".
Entidades
Miquel Iceta
Primer secretario del PSC y número 1 en el Parlament
El TC 'tumba' la acción exterior catalana