El tibio apoyo que recibió la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de sus compañeros de partido tras la Operación Taula ha ido dando paso a un creciente aislamiento y presiones en el seno del PP, tanto a nivel nacional como autonómico, para que dé explicaciones y, en su caso, asuma responsabilidades.
Son ya alrededor de 80 personas las investigadas -antes imputadas- judicialmente, entre ellas todo el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia -a excepción de un concejal-, por la presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano. La documentación incautada y las declaraciones apuntan a la presunta implicación de la exalcaldesa y de su hermana, Asunción Barberá, en los hechos investigados, extremo que ambas han negado.
El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando; la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, están entre las voces más críticas. Por su parte, Mariano Rajoy asegura que el PP actuará con Barberá como con "cualquier otro militante del PP", en el sentido de que, si es imputada, se le suspenderá de militancia y se le exigirá el acta.
Bonig quiere acelerar la reforma del PP valenciano, que quedará en manos de una gestora hasta su refundación, que podría incluir hasta un nuevo nombre, ante su difícil situación, según fuentes ligadas al proceso.
El juez ha citado hoy a varios concejales y asesores populares.
Barberá defiende las donaciones hechas