El pasado lunes, el entorno más directo de Rita Barberá quedaba señalado por el dedo de la corrupción tras la macrooperación practicada por la Guardia Civil, donde todo apunta a la presunta financiación irregular del PP de Valencia. Aunque no ha sido imputada, la 'Operación Taula' amenaza directamente a la exedil de la ciudad del Turia. Hoy, testimonios diferentes subrayan un caso muy concreto: el del posible lavado de las comisiones para financiar las campañas de Rita Barberá, entre ellas la de mayo de 2015, pese a que ayer Rajoy afirmó que todos los casos de corrupción eran conocidos y antiguos.
El PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas. Así titula este jueves el periódico de Unedisa, explicando el modus operandi del citado caso y que consistiría en que determinados miembros del Grupo Popular en el Consistorio de Valencia habrían aportado 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las elecciones del 24 de mayo de 2015, recoge el diario El Mundo.
Según esta información, la secretaria del grupo popular en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, persona de confianza de Barberá, una semana después de las elecciones devolvió las donaciones en sobres con dinero que presuntamente procedía de la caja B del PP en el Ayuntamiento de Valencia. La Guardia Civil sospecha que era la fórmula para blanquear dinero procedente del pago de comisiones y devolver al circuito legal los fondos opacos que durante años habría acumulado en el Consistorio el entorno más directo de Rita Barberá.
En las últimas horas, los investigadores han duplicado la presión sobre los trabajadores, asesores y cargos públicos que han integrado el equipo de confianza de Barberá en los últimos años.
Al parecer, los agentes tienen identificado el rastro que siguió el dinero, desde que los miembros del grupo municipal hicieron la donación de 1.000 euros hasta el momento en el que García Fuster, persona de la máxima confianza de Barberá, la devolvió con dinero cuyo origen se desconoce.
En estos momentos, el juzgado de instrucción 18 investiga una trama de corrupción organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, y que habría amañado multitud de contratos públicos, revistiendo de legalidad adjudicaciones de la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Játiva y de Valencia, entre otros. Las implicaciones de la corrupción valenciana aíslan más a Rajoy.
Origen
La primera denuncia sobre la trama corrupta del PP de Valencia fue la denuncia que presentó EU en 2014, en la que se incluyeron 10 horas de grabaciones que durante años registró Marcos Benavent, el político corrupto que confesó los delitos que ahora se investigan, y en cuyas conversaciones se escucha con claridad a los integrantes de la trama hablando sobre la parte de comisión que les correspondería al partido. Francisco Camps y Alfonso Rus estarían al corriente de todo, según las cintas.
En esta última etapa, la UCO ha encontrado nuevos indicios que apuntan a la existencia de una red dentro del partido para blanquear dinero de origen desconocido. Tanto es así, que las donaciones del entorno de Rita Barberá serían solo una de las maneras que se utilizaban.
Según El Mundo, el grupo municipal invitó a integrantes -concejales y cargos afines- a realizar una donación de 1.000 euros para organizar actos en la campaña del pasado mes de mayo. En este caso, los investigadores tratan de discernir si se trataba de algo sistemático -las entregas se registraron en febrero y marzo de 2015, y García Fuster las devolvió semanas después-.
También este jueves, Las Provincias aporta otra información al respecto en la que se afirma que Anticorrupción investiga el blanqueo de 50.00 euros de comisiones por el grupo municipal popular. El dinero se podría haber utilizado para financiar actos de partido durante la campaña electoral local de 2015.
Las constructoras
Por otra parte, las constructoras que presuntamente pagaron sobornos también han declarado ante la Guardia Civil. Pues bien, uno de los detenidos es Carlos Turró, propietario de Cleop, la constructora que se hizo con el contrato de la reforma de las Torres de Quart. Según las grabaciones de Benavent, el lavado de cara del monumento habría servido para que la red se repartiera 20.000 euros en comisiones ilegales. Una parte del dinero, 5.000 euros, se reservó para donaciones del PP, según la cintas.
Entidades
¿Por qué Rita Barberá no ha sido imputada?