Dieciocho meses. Es el tiempo de regalo que este domingo brindó la CUP al nuevo candidato de Junts pel Sí, y hoy president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para poner en práctica las leyes a la catalana que sirva para "desconectarse" del Estado español. Puigdemont se ha comprometido a hacerlo mientras Artur Mas, todavía diputado y aforado ante posibles acciones legales, espera su tiempo, renueva Convergencia, y se presenta como nuevo cabeza de cartel del partido que aún preside, en apenas año y medio.
Dicen que Mas cedió los trastos al polémico exalcalde de Girona por temor a perder las elecciones en el caso de que se repitieran en el próximo mes de marzo. Que su marcha, inciden varios medios, responde a una jugada, no de generosidad sino de pura estrategia que le dé tiempo para a ver cómo se quema Puigdemont, ante los excesos que limiten con el Código Penal (dixit Salvador Sostres), y por tanto se vea obligado a regresar para calmar y alentar el espíritu de los convergentes.
Entre tanto, Puigdemont tiene 18 meses y básicamente una prerrogativa -la construcción de la república catalana- que ha de cumplir si no quiere que la CUP ejerza su derecho a la revisión permanente del acuerdo, una amenaza que por cierto, ya ha anunciado. Puigedemont, por su parte, ha asumido el compromiso público de Mas de activar el plan independentista. Tanto es así que ya ha declarado la "preindependencia" y ha subrayado que su objetivo es la "independencia".
El domingo, en su corto discurso de investidura, Puigdemont ha anticipado dejarse la piel y ha asegurado que éste "no es tiempo de cobardes y no son épocas de temerosos ni para flojos de piernas". En dieciocho meses, y si no quiere ser más breve que Mas en su reciente finiquitado gobierno, tendrá que aprobar tres leyes para seguir avanzando en su ruptura con España: la del proceso constituyente, la de seguridad social y la de la hacienda propia, esta última suspendida por el Tribunal Constitucional.
Para burlar la legalidad española, el Parlament de Cataluña -recoge La Razón- pretende desconectarse del ordenamiento jurídico estatal dando luz verde a otra ley, la llamada de transitoriedad nacional, paso tras el cual vendría la redacción de una constitución catalana, que también será sometida a referéndum.
A parte de estas condiciones, añade El Mundo, la hoja de ruta diseñada por Junts pel Sí contempla la creación de un banco central propio que vendría a sustituir al Banco de España, y que en opinión de los soberanistas dará credibilidad al sistema financiero catalán y ayudará a proteger a las empresas y a los ciudadanos.
Así mismo, Carles Puigdemont tendrá que sacar adelante unos presupuestos en los que deberá incluir los 270 millones del plan de choque social que Junts pel Sí y la CUP acordaron.
Los tiempos
Este martes, Carles Puigdemont tomará posesión como nueve president de la Generalitat, mientras que sus consejeros lo harán al día siguiente. A partir del 10 de febrero se establece un plazo de 30 días para comenzar la tramitación de las tres leyes clave para el proceso constituyente: la de seguridad social y la de Hacienda propias entre otras. En junio de 2017 tendrá lugar -si no se ha producido antes- el fin de esta peculiar legislatura, que pretende dar paso a unas elecciones constituyentes y a un referéndum sobre la constitución de la república catalana.
Según Sostres, "la CUP va a poner al nuevo president al borde del abismo desde el primer día". Este domingo, remarca en ABC, Anna Gabriel le recordó a Puigdemont "que tiene de tiempo 18 meses, y que el feminismo, el proceso constituyente y el rescate social son una cosa y lo mismo".
Contrario a la opinión de Sostres, Enric González escribe en El Mundo sobre la Desconexión de la realidad y apunta a que Mas puede birlarle el partido, la coalición, los desvaríos y hasta la condición de 'reina madre' del 'procés'.
Entidades
Puigdemont se muestra leal a Mas