La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado seis meses más la investigación por presuntos gastos irregulares realizados por la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento entre los años 2009 y 2015, y ha solicitado al consistorio documentación que justifique algunas de las partidas investigadas.
El caso se abrió en mayo, tras la denuncia presentada, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales, por Compromís, que reunió 466 facturas de gastos de representación, por un importe total de 278.000 euros, en partidas sin justificar y gastos "excesivos" en conceptos como viajes, restaurantes, hoteles o regalos, además de sospechar que se habían producido la fragmentación de contratos para eludir concursos públicos.
Por ello, consideraba que podían existir delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Además, apuntaba a una posible financiación ilegal del PP, ya que una parte de los pagos investigados se había destinado a cubrir gastos y actos del partido, y no del Ayuntamiento. Algunos de estos delitos están penados con la inhabilitación e, incluso, con la cárcel.
Más de 40.000 euros de los gastos investigados corresponderían a cargos realizados por Barberá. En el momento de la denuncia, el consistorio defendió que todos los gastos eran legales y habían sido fiscalizados.
No obstante, los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) han revisado cada una de las facturas, comprobando si corresponden a gastos reales y si están correctamente aprobados y justificados. Tras esta labor, consideran que, al menos una parte se llevó a cabo sin seguir los cauces legales de aprobación y control.
Compromís hizo públicas todas las facturas denunciadas a través de la página web Ritaleaks.
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