El Tribunal Constitucional tramitó ayer el recurso de inconstitucionalidad que hizo el Gobierno contra la resolución independentista, y por ende, suspendió el texto aprobado el pasado lunes en el parlament. La resolución que Junts pel Sí y la CUP acordaron tenía como punto clave la "desconexión" de las instituciones del Estado, en concreto del propio Constitucional.
Esta resolución y suspensión será "difícil de aplicar", según indicó a este periódico el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josu de Miguel. La suspensión como tal no se podría "ejecutar" hasta que el Govern no tramite leyes como las de la Seguridad Social catalana o la hacienda propia, que cualquier de las que está dentro de la propia resolución.
En dicho momento sí se podría inhabilitar a las personas que hubieran dado luz verde a los nuevos textos como, por ejemplo, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Pero sin ese hipotético escenario, de momento difícil sin tener jefe de gobierno, Josu de Miguel asegura que "se hace difícil suspender cargos", puesto que "por sus votos y opiniones no pueden ser enjuiciados".
Consecuencias penales
En el caso de imputación por delitos de desobediencia, que ya entraría en el ámbito penal, se entraría en un terreno "más pantanoso", según fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes aseguran que en este escenario podría entrar en acción la reforma express del TC, que le da un carácter ejecutivo al tribunal de garantías. Esto quiere decir que se podría imputar uno por uno a los 21 implicados, que recibirán una notificación sobre las consecuencias que acarrearían la desobediencia.
La notificación es importante puesto que, sin llegar a aplicar la suspensión de la autonomía recogida en el artículo 155 de la Constitución, el ejecutivo de Mas sólo puede ser procesado sólo si ha sido previamente advertido. Si se aplica el delito de rebelión con implicación de violencia, la pena de prisión podría ser de hasta 30 años. Las fuentes citadas aseguran que esa violencia también puede ejercerse "hacia el orden jurídico".
Entidades
Artur Mas
Expresidente de la Generalitat de Cataluña
La suspensión del TC
