El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la resolución independentista de Cataluña, al estimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlament. La decisión ha sido tomada por unanimidad por los 11 magistrados y, además, el tribunal acepta notificarla por primera vez en persona a los 21 altos cargos catalanes amenazados de suspensión.
Al haberlo solicitado el Gobierno y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la declaración durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto.
21 altos cargos en peligro
El TC también advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión decretada al admitirse a trámite.
Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias incluso penales de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
En su resolución, el tribunal de garantías recuerda a estos 21 altos cargos su deber de cumplir sus resoluciones y les apercibe de que podrían incurrir en la comisión de un delito de desobediencia en caso de ignorarlas, han informado fuentes jurídicas.
Al haberlo solicitado el Gobierno y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la declaración durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto.
En su escrito, el Gobierno señala que la resolución aprobada con el respaldo de los diputados de Junts pel Sí y la CUP "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
El recurso señala la "manifiesta inconstitucionalidad", entre otros, de los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 2 y 9.1, que afectan al núcleo mismo de la Carta Magna. También se suponen vulnerados los artículos de la Constitución 164, que dice que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen "plenos efectos frente a todos"; y el 168, que es el que disciplina el procedimiento de reforma constitucional necesario si se pretende el reconocimiento de la soberanía constituyente del pueblo catalán.
El Gobierno considera igualmente vulnerado el artículo 23 de la Carta Magna, pues se afectan los derechos de los ciudadanos al "modificar de hecho los principios y los procedimientos de la democracia representativa" y al atribuir a esta Cámara la consideración de poder constituyente. En cuanto al anexo, supone una "manifiesta vulneración del sistema de distribución de competencias".
Por lo que se refiere a la lealtad constitucional y el deber de fidelidad a la Constitución, el recurso de la Abogacía del Estado recuerda que ambos son un deber de los parlamentarios y que ello no es contrario a libertad ideológica consagrada en la propia Constitución. Igualmente, la resolución vulnera los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Cataluña, según destacan los servicios jurídicos del Estado.
Los expresamente "apercibidos"
Además de los dos antes citados, los notificados son también cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.
La notificación se extiende igualmente a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; a consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.
Entidades
Mariano Rajoy Brey
Expresidente del Gobierno
Artur Mas
Expresidente de la Generalitat de Cataluña
Advertencia de los Mossos a Mas
