La Comunidad de Madrid dejará de pagar al personal de la Guardia Civil que vigila la casa de la expresidenta regional y ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, a partir del 1 de diciembre, ha informado hoy tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz regional, Ángel Garrido.
Según ha explicado a los periodistas, el Gobierno regional, a raíz de un convenio con el Ministerio del Interior que se renueva en diciembre, paga la seguridad de los edificios autonómicos y de los presidentes autonómicos a través de agentes de segunda actividad de Policía y la Guardia Civil.
Ahora, el nuevo Ejecutivo regional ha determinado que no se aplica la protección de la casa particular de Esperanza Aguirre en dicho convenio, por lo que será el Ministerio del Interior el que decida, en conveniencia con la interesada, si sigue necesitando seguridad pública. En caso afirmativo, los agentes serían costeados por el Ministerio.
En este sentido, la Comunidad de Madrid también ha dado orden a Gas Natural Fenosa de dejar de emitir facturas de electricidad de la dirección donde se encuentra el domicilio particular de Esperanza Aguirre, pagos que desde 2012 dejó de abonar el Gobierno regional y que acumulan una deuda de unos 5.000 euros. Y es que desde 2003 Gas Natural Fenosa emitió facturas del domicilio particular de Esperanza Aguirre que la Comunidad de Madrid estuvo pagando hasta la primavera de 2013, facturas que, según el entorno de la expresidenta, se corresponden con el gasto de luz de la garita de seguridad que hay a la entrada de su palacete, y no por su uso privado.
Garrido ha confirmado que desde que Aguirre dejó de ser presidenta de la Comunidad, en 2012, estas facturas dejaron de pagarse, por lo que la suma total del dinero adeudado asciende a unos 5.000 euros.
Ha explicado que el 2 de noviembre la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia indicó por escrito a Gas Natural Fenosa que diera de baja el suministro eléctrico, dado que esa dirección "no se correspondía con ningún inmueble de ningún órgano u organismo de la Comunidad". "Desconozco el tiempo en el que se pagó con anterioridad; pero sí hemos dado instrucción a la compañía para que no siga emitiendo estas facturas", ha insistido.
Ángel Garrido ha señalado que él mismo habló directamente con Aguirre para explicarle la situación, pero no ha relevado la respuesta que recibió de la expresidenta. "Teníamos obligación de no atender la facturación que se nos estaba remitiendo por parte de la compañía", ha reiterado.
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