La propuesta de resolución que Junts pel Sí y la CUP registraron ayer en el Parlament detalla la hoja de ruta que seguirá el independentismo hacia la "desconexión" de Cataluña del resto de España. Su aprobación se efectuará en una sesión extraordinaria la semana que viene, según confirmó el número uno de Junts pel Sí, Raül Romeva. Una vez se apruebe esta disposición, "quedará abierto el proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república" y la apertura de un "proceso constituyente" para la creación de la futura constitución.
El independentismo basa su legitimidad en la mayoría de escaños que tienen las dos candidaturas independentistas, y como medida más inmediata tras su aprobación, pone un plazo de 30 días para iniciar las leyes que constituyan la Seguridad Social y Hacienda pública catalana. Con lo que el objetivo es empezar a controlar las finanzas de la Generalitat para el nuevo estado.
Para llevar a cabo estos pasos, instan a desobedecer a las instituciones del Estado español y pone especial énfasis en el Tribunal Constitucional, "cuya autoridad está deslegitimida por la sentencia contra el Estatut en 2010", justifican. Por ello, el futuro govern sólo obedecerá "las leyes que emanen de la cámara catalana".
El siguiente escenario
Esta resolución se ha percibido desde el Gobierno central como un desafío en toda regla. Tras su aprobación, el Tribunal Constitucional suspenderá esta disposición del Parlament, como ya hiciera con una declaración de soberanía de la cámara catalana en 2013, la consecuencia más inmediata como medida cautelar será su inhabilitación durante cinco meses. En ese escenario será cuando se vea si cumplen la hoja de ruta que insta a la desobediencia, una hoja de ruta que tiene mucha tinta de la CUP y la letra del sector de Esquerra Republicana de Junts pel Sí. Pero la decisión final quedará en manos del sector de Convergència y su president Artur Mas, que es el peso mayor de la candidatura. En tal caso, Mas podría ser suspendido de funciones tras la reforma exprés del TC.
Rajoy se apoya en el peso de la ley