El Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha logrado avanzar en uno de sus principales objetivos electorales: frenar los desahucios de aquellas familias que se encuentren en grave riesgo de exclusión social.
Según relata el diario El Mundo en su edición de Madrid, el consistorio ha conseguido frenar 75 desalojos de los cuales 70 dependían directamente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), mientras que los otros cinco casos restantes no estaban vinculados esta entidad, es decir, que ha sido la intermediación del ayuntamiento con los bancos la que ha evitado el desahucio. Además, afirman fuentes del Palacio de Telecomunicaciones, se están estudiando 105 casos más.
En total, en lo que vade legislatura (poco más de 100 días), el nuevo Gobierno local ha recibido 273 peticiones, muchas de las cuales buscaban simplemente información. Otras, sin embargo, solicitaban la solución de estos casos mediante la intervención de esta Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), oficina de reciente creación (se puso en marcha el 15 de julio) que se encarga de gestionar directamente estos casos.
El mecanismo con el que funciona es rel siguiente. Las familias que necesitan de ayuda piden a la OIH su intervención. Ésta realiza un estudio socioeconómico y en caso de comprobar la vulnerabilidad social y económica del solicitante, se pone en contacto con los bancos para hallar una solución.
Según el consistorio, la colaboración de las entidades bancarias es notable. En muchos casos se concede el aplazamiento de deudas y pagos, aunque se ha dado casos de quitas y o pago de parte de esa deuda por el ayuntamiento.
Sólo en caso de que no se llegue a una solución con la entidad bancaria se trata de buscar una segunda vivienda para los afectados. Esta vivienda sale de la sociedad de gestión de activos procedente de la reestructuración bancaria, la Sareb. En un primer momento el ayuntamiento trató de lograr el control directo sobre las viviendas que se utilizaran, pero finalmente han sido gestionadas por los bancos. El mecanismo más usado es el alquiler social.
Después, el ayuntamiento se encarga de vigilar que las familias cumplen con los pagos y que no se producen problemas con los vecinos de los nuevos alojamientos. Si las familias son problemáticas, el propio ayuntamiento se encarga de su desalojo.
Entidades
La orden es paralizar los desahucios