Los problemas intrínsecos del llamado voto rogado, el sufragio al que se acogen los españoles no residentes en el país para participar en procesos electorales, vuelven a emerger tras la controversia suscitada en las pasadas elecciones autonómicas y municipales.
En mayo de este año, solo participó un 3,2% de los españoles residentes en el exterior: más del 32% de las papeletas no llegó a tiempo, el 20% de los españoles con derecho a voto no pudo inscribirse dentro de los plazos establecidos y a un 19% le fue imposible llegar al Consulado español en el país de residencia para completar los trámites requeridos.
Según relata el diario Público, el Gobierno ha cerrado el censo para tramitar el voto rogado con fecha de este viernes, 31 de julio, sin previo aviso, y en un gesto que significará, de nuevo, un desastre de participación de los residentes fuera de España.
Desde este diario se interpreta el movimiento como una estrategia para frenar un voto desfavorable al Gobierno de Rajoy, debido a que muchos de los españoles residentes fuera de nuestro país se han visto obligados a ello por la mala situación que padece España a nivel de desempleo, principalmente.
El voto rogado compone una medida muy cuestionada como mecanismo de voto para los ciudadanos no adscritos a la circunscripción de una zona o un país. Su misma esencia, que implica que el sufragio 'se ruega', aleja este sistema del sufragio universal, donde la participación en unas elecciones es un derecho y no una petición.
Los principales problemas del voto rogado es que implica tramitaciones largas y complejas para poder acceder a las elecciones, y que, por otra parte, no está muy regulado a nivel de comunicación por las autoridades. Es decir, la información sobre plazos y procedimientos es prácticamente inexistente para los españoles que residen en el exterior.
PP, PSOE y CiU apoyaron la reforma de este punto de la ley electoral en enero de 2011.
El PSOE ahora quiere eliminar el voto rogado
