El "independiente procedente de la sociedad civil" que encabezará la candidatura soberanista y antiespañola para las elecciones catalanas aún virtuales de septiembre es un ex eurodiputado de ICV que estuvo diez años en el Parlamento de Estrasburgo. Raul Romeva, pero con diéresis, ni es independiente ni procede de la sociedad civil.
Ha pertenecido a un partido político y su implicación en el proceso de secesión le llevó a abandonar esa formación por considerar que era demasiado tibia en la operación que pretende ignorar a millones de catalanes que no quieren separarse del resto de España.
Tras esta cabeza de lista encontramos a dos destacados miembros de asociaciones independentistas, que de sociedad civil tienen poco tras haber recibido suculentas subvenciones millonarias de las arcas de la Generalitat de Cataluña, y finalmente, allá en los puestos cuarto y quinto, están los dos políticos artífices del desafío, cada uno en su grado de responsabilidad: Artur Mas y Oriol Junqueras.
Si a un marciano le contamos en el año 2015 que se va a presentar una lista electoral encabezada por personas supuestamente alejadas de la política, que lleva en puestos segundones a los líderes de dos partidos ideológicamente en las antípodas, y que todos ellos se comprometen a permitir que el número cuatro sea el candidato a la presidencia en un eventual debate de investidura, ese marciano se reiría de nosotros. Una carcajada cósmica.
Como cósmica es esta última andanada de creatividad inspiradora de odio ideada por Mas y Junqueras en la cumbre del Palau, una sede institucional pagada por todos los catalanes (por todos los españoles vía FLA) y convertida en escenario de negociaciones partidistas por unos actores con nulo respeto a las formas. ANC, Omnium Cultural, la AMI? todas ellas delante para disfrazar de apolítica a una lista cuyas intencionalidades políticas y rupturistas no tienen precedentes en nuestra historia democrática.
Y si ganan por mayoría absoluta, todos esos resortes cívicos se apartarán para dejar paso al mesías salvador, del brazo de los republicanos, verdaderos derrotados en este enjuague, pero que han logrado el consuelo de acelerar los planes de "desconexión" de la autonomía catalana para que en seis meses desde el 27-S sea una realidad. La legalidad que marcan las disposiciones españolas será papel mojado en virtud de una ley de Transitoriedad Jurídica.
Los asesores de Mas en el Consejo de Transición han alertado en un informe que ha pasado inadvertido que la secesión causaría en Cataluña un corralito similar al que padece Grecia estos días. Pero no parece importarle al president, que cabalga altivo hacia la ilegalidad fracturando a su pueblo y provocando un encontronazo institucional de cuyas consecuencias nadie se atreve a hablar, ni siquiera el ministro de Justicia.
En los despachos del Abogado del Estado y la Fiscal General hay ya informes puntuales que repasan uno por uno los pasos necesarios para frenar el desafío: escrutinio hasta el mínimo detalle del decreto que va a firmar Mas en unos días disolviendo el Parlamento y convocando las elecciones, vigilancia de la campaña institucional que acompañará a la cita electoral, detección de cualquier resorte que se apoye en el carácter plebiscitario (ilegal) de la convocatoria del 27-S.
No hay otra opción, por mucho que Cayetanas y Jose Marías clamen, que esgrimir la Ley como arma democrática en el momento en que se produzcan hechos jurídicos dignos de ser recurridos.
Entidades
Artur Mas
Expresidente de la Generalitat de Cataluña
Rajoy advierte a Mas
