Cristina Cifuentes podría haber perdido la llave para presidir la Comunidad de Madrid. La popular necesita el apoyo de los 17 parlamentarios de Ciudadanos para alcanzar la mayoría absoluta fijada en 65 escaños y, condición indispensable para conseguir el sostén del partido de Albert Rivera, es que ningún candidato dentro de la lista popular esté imputado. Una condición que habría quebrado Álvaro Ballarín, actual concejal del Distrito de Moncloa y número siete en la candidatura del PP a la Comunidad.
El próximo lunes ambos partidos tienen fijada una reunión para acercar posturas pero ya ayer el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, advirtió de que no llegará "a ningún tipo de acuerdo de investidura" con partidos que lleven imputados en sus listas. "Apartar a Ballarín depende de ella", demandó.
Bailes de fecha
Pero Cifuentes insiste en preservar a su diputado electo. En un comunicado, la ganadora de las elecciones adelantó ayer que mantendrá a su coordinador del programa como número siete tras constatar que "no se encuentra imputado". Una situación que a día de hoy sería cierta no así el día en la jornada electoral del 24 de mayo.
Tal y como adelantó elEconomista, Álvaro Ballarín resultó imputado por los delitos de falsificación de documento público, prevaricación y desobediencia este mes de enero. La empresa CAMOSA le acusó de haber ordenado un informe "a la carta" a dos arquitectos también imputados en la causa. Este escrito afirma que ya se habría dado "cumplimiento a la orden de demolición" que previamente ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La querella,sin embargo, mantiene que dicho derribo no se efectuó y acusa a Ballarín de "eludir conscientemente las obligaciones de su cargo".
Este martes 26, dos días después de la jornada electoral, el juez de Madrid Rafael Mozo acordó el archivo provisional de la causa después de que la empresa CAMOSA retirara la querella. Fuentes próximas a la investigación afirman que "un acuerdo extrajudicial ese mismo martes entre ambas partes logró cerrar el caso" que llevaba abierto desde 1999. En todo caso, la sentencia no es firme ya que la fiscalía tiene cinco días para recurrirla.
Ballarín puso su cargo ayer a disposición del partido, el mismo día en que Cifuentes mantiene que conoció esta información. No obstante, según diversas fuentes, la candidata a la presidencia ya conocía antes del domingo la imputación.
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